El proyecto aprobado, prevé que el actual intendente de la localidad de Aguaray cesará en su cargo a partir de la entrada en vigencia de la Ley, facultando al Poder Ejecutivo provincial a designar al Comisionado Interventor. La duración de esta medida se extenderá hasta la asunción del nuevo Intendente Municipal que será electo en las próximas elecciones provinciales del año 2021.

La intervención en cuestión, se enmarca en el artículo 179, inciso 2, de la Constitución Provincial, el cual estipula que la Provincia podrá intervenir un municipio “para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional”.

El diputado Jesús Villa señaló la situación que se vive por estas horas en Aguaray, y mencionó que desde un principio, «claramente se podía vislumbrar que había sucedido algo importante y que requería medidas de este tipo».

El legislador sostuvo que si bien, desde el Concejo Deliberante de esa localidad se inició un proceso de juicio político, la Carta Orgánica municipal no permite la destitución salvo en casos de mayoría agravada, por lo que no se logró hacerlo.

“Esta medida busca llevar paz social a un municipio que empieza a verse perjudicado por el malestar de muchos vecinos ante esta situación”, declaró Villa.

La presidenta de la comisión de Legislación General, la diputada Socorro Villamayor señaló que ante circunstancias como estas, se debe actuar con la mayor y más absoluta responsabilidad, por lo que es necesario un debido proceso de análisis de todos los elementos, lo que conlleva tiempo. La diputada expuso además documentación judicial referente a la causa que fuera remitida oportunamente a la comisión.

“Estamos ante un hecho delictivo muy grave, es por ello que se esperó a que el Concejo Deliberante de la localidad se expida, para recién implementar el recurso de la intervención”, expresó la legisladora. Por otra parte, respondió a cuestionamientos de referentes de la oposición sobre este tema, «presentan rápido el pedido de intervención, aún antes de que la Justicia intervenga, para sacarse de encima la pertenencia política del jefe comunal”.

Además, Villamayor señaló que «el robo del siglo no sólo fue un hecho doloroso para Aguaray, lo fue para la provincia de Salta», haciendo referencia a la sustracción de 35 kms de caños del gasoducto, entre otras cuestiones, y bregó por la paz social de la comunidad.

En otro sentido, el diputado Santiago Godoy consideró que es necesario el accionar de la Cámara Baja para contribuir a la paz social del municipio, al tiempo que señaló que no es necesario esperar a la Justicia, “porque los tiempos de la justicia son distintos a los de la política y ellos tienen que resolver la cuestión penal del intendente, mientras que nosotros la parte política que es la gravedad institucional que se vive en le municipio”.

“No hay nada más triste que sacar un intendente porque fue elegido por el voto popular y sepan que cuando se interviene le duele a la política», sostuvo Godoy.

Así también, la diputada Silvia Varg expresó que desde su perspectiva es muy necesario avanzar en esta medida, ya que la situación de la localidad se fue agravando desde hace un tiempo, por lo que es indispensable aplicar la intervención como un “remedio institucional y excepcional”.

A su turno, el diputado Adrián Valenzuela aseguró que es importante dar una respuesta que lleve paz institucional a los vecinos de Aguaray, por lo que esta medida es necesaria, no obstante, lamentó que la confianza democrática de los salteños se vea dañada con este tipo de acciones.

El diputado Gonzalo Caro Dávalos, presidente de la comisión de Justicia, repudió el hecho que motiva la intervención en la localidad, expresando que si bien desde la Cámara de Diputados se defienden las autonomías municipales, no se puede tolerar este tipo de actitudes, ni estos actos de corrupción que perjudican gravemente a los salteños.

“Es evidente la gravedad de la crisis institucional que lamentablemente se vive en Aguaray, es por eso que la medida es oportuna para contribuir a la paz social del municipio”, afirmó el legislador.

Por su parte, el diputado Daniel Sansone manifestó: “estamos ante un hecho de corrupción muy grande, no existe posibilidad alguna de legitimar la continuidad de las funciones de Enrique Prado”; a la vez que aseguró que “los tiempos que maneja la justica son distintos a los que requiere este tipo de situaciones para los ciudadanos”.

En tanto, la diputada Mónica Juárez remarcó la importancia del tiempo del profundo análisis que se le dio a esta situación, ya que de esa manera se pudo dar una respuesta efectiva y responsable que logre llevar la paz social necesaria a los vecinos de Aguaray.

Así también, la diputada Amelia Acosta resaltó la importancia de la medida, ya que además de tratarse de un hecho de corrupción, atenta contra la mejora en la calidad de vida de todos los salteños y de la región, a la vez que consideró imperante el agilizar los tiempos de la justicia ante estos casos.

A su turno, el diputado Sergio Cisneros manifestó la necesidad de avanzar en acciones de control en los diferentes departamentos con el objetivo de que este tipo de hechos no sucedan.

En este sentido, el diputado Fabio Rodríguez señaló la necesidad de efectivizar el sistema judicial, como también,  y planteó que la Auditoría General de la Provincia profundice el trabajo de control en las diferentes instituciones y organismos del interior.

Por su parte, el diputado Carlos Zapata lamentó la grave crisis institucional que actualmente padece el municipio, a la vez exteriorizó que los hechos de corrupción deben penarse “sea quien sea y sea del partido que sea”.

En sintonía, el diputado Julio Moreno expresó que es necesario que esta medida se haga rápidamente efectiva, para así lograr llevar transparencia al municipio y evitar diferentes conflictos sociales que puedan producirse en el mismo.

En tanto, el diputado Lino Yonar explicó que es necesario trabajar por el bien de los vecinos de la localidad que se vieron sumamente perjudicados por esta situación.

El diputado Gustavo Orozco manifestó que este hecho produjo un daño muy grave para toda la zona, no solamente al municipio, ya que le arrebataron una oportunidad de progreso muy grande a las comunidades de la región.

Así también, el diputado Andrés Suriani remarcó la importancia de ir hasta las últimas consecuencias para poder castigar a todos los que estén involucrados en este hecho delictivo.

A su turno, el diputado Germán Rallé explicó que esta medida brinda una solución a los vecinos de Aguaray que se vieron sumamente perjudicados por este suceso.

El diputado Javier Diez Villa resaltó la importancia del profundo análisis y el trabajo parlamentario realizado para adoptar esta medida extraordinaria, ante una situación muy grave. Asimismo, criticó «la poca de participación en el debate por parte de la bancada del Frente al que pertenece el intendente implicado».

«Prado no fue fruto de un accidente político, es la punta de un iceberg, que quede claro, la Justicia debe ‘llegar al hueso’, se debe saber todo», esbozó.

Por otro lado, Diez Villa indicó que mediante una nota con pronto despacho, le pidió explicaciones a Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación, por lo sucedido, y teniendo en cuenta que Prado manifestó que tenía la venia del gobierno nacional para este accionar. Sin embargo, puntualizó que el pedido jamás fue contestado.

El diputado Matías Monteagudo expresó su apoyo de su bancada a la iniciativa, a la vez que lamentó que haya sido necesario llegar hasta esta instancia, ya que es muy malo para la vida democrática de Salta. En tanto, el diputado Héctor Chibán resaltó la importancia de la medida para que lograr llevar la paz social necesaria al municipio.

Por otro lado, el diputado Claudio Del Plá remarcó que este hecho se trata de corrupción muy grave, que perjudica a todos los habitantes de la zona. Pese a esto, aseguró que esta situación no se resuelve con una intervención, enumerando como impactaron recientes intervenciones en otros municipios, y fundamentó la postura  negativa de su bancada.

El proyecto fue aprobado por más de los dos tercios necesarios; con 54 votos a favor y uno en contra, y pasó al Senado en revisión.