En medio de la protesta social de trabajadores docentes y de la salud que lleva ya cuatro semanas, la Cámara de Diputados de Salta aprobó en la tarde de ayer un proyecto de ley que regula el derecho a la protesta, estableciendo un protocolo para las manifestaciones que se vayan a realizar en todo el territorio provincial. El tratamiento exprés y la aprobación se hizo con 22 abstenciones y la disconformidad de una de sus autoras, que advirtió que no era el momento para su tratamiento, aunque finalmente lo votó.

La iniciativa había ingresado a la Cámara Baja el 26 abril del año pasado, con la autoría de las diputadas Cristina Fiore (bloque Confluir) y María del Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro). Pero ahora fue traído al debate por el presidente de la Cámara, Esteban Amat, quien pidió su tratamiento sobre tablas y logró luego su aprobación. El proyecto fue leído como un aviso político dirigido a la docencia autoconvocada, que sigue inmersa en un plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y recibió el rechazo de organizaciones de derechos humanos y sociales.

De acuerdo al artículo 1 del proyecto, su objetivo es "conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza".

Además, dispone la figura de una autoridad de aplicación. Se especifica que antes de iniciar alguna protesta o manifestación pública, "debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo", o ante la autoridad que regule la norma. En la notificación debe quedar asentado el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo estimado de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación, y los responsables u organizadores de la protesta.

Una vez ejecutada y aprobada la protesta, la autoridad reguladora "deberá arbitrar los medios necesarios para evitar la colisión de los derechos", de libre circulación y de expresión, principalmente.

"Las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos horas de iniciada" la acción de protesta, sostiene la iniciativa que pasó al Senado para su tratamiento. Añade que esa mediación será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, o el organismo que en el futuro la reemplace, que podrá solicitar de ser necesario la colaboración del Poder Judicial o el Ministerio Público.

Villamayor fue la encargada de presentar la iniciativa ante sus pares. Aseguró que el fin último es garantizar la paz social. Recordó que la propuesta de ley fue presentada el año pasado mientras la provincia "atravesaba una situación de importantes números de cortes en distintos lugares". Detalló que de los 98 cortes de calles, el 75% se concretaron en la capital salteña, mientras que hubo 388 cortes de ruta, el 65% de ellos en San Martín y Orán.

"Sabemos que Salta es un escenario de un sinnúmero de situaciones que vulneran o afectan o ponen en conflicto determinados derechos", reconoció, tomándolo como principal argumento para la redacción y posterior tratamiento del proyecto. Por eso, afirmó que la norma se elaboró para que se "reglamente el derecho a las manifestaciones".

En tanto, Cristina Fiore, manifestó su sorpresa ante el tratamiento presuroso de su propuesta, más aún, "entendiendo que soy una de las dos autoras". "La verdad que tratar estos temas resultan muy complicados porque hay que ponderar derechos, todos ellos son valiosos", indicó, al tiempo que agregó: "Por un lado, tenemos el derecho a la libertad de expresión, de reunión, que resulta un derecho indiscutiblemente trascendente y que hace a nuestra democracia, y por el otro, tenemos el derecho a transitar libremente".

Prosiguió: "A veces se habla del derecho a transitar libremente no como un derecho en sí, sino como aquel que permite ejercitar otros derechos", como los derechos a la salud, el trabajo y la educación, mencionados en el proyecto de ley. A pesar de defender su iniciativa, la legisladora insistió en que no era el momento para tratarla. "Hubiera esperado que decanten muchas cosas", dijo en referencia a la protesta de docentes y trabajadores de la salud. "Básicamente, me parece que este proyecto no es un desatino, no lo hicimos con esa intención". "Lo que se trata de evitar es que sea un verdadero caos", lo defendió.

La iniciativa fue aprobada con 31 votos afirmativos de un sector del oficialismo. Lo novedoso fue que hubo 22 abstenciones de legisladores de todo el arco representado en la Cámara: Roque Cornejo, Sofía Sierra, Daniel Sansone, Ana Laura Córdoba, Gustavo Orozco, Matías Monteagudo, Pablo Gómez, Bernardo Biella, Ernesto Guanca, Alejandra Navarro, Fabio López, Santiago Vargas, Franco Hernández, Marcela Leguina, Nancy Jaime, Azucena Salva, Javier Paz, David Leiva, Julieta Perdigón, Adrián Valenzuela, Jorge Restom y Jorgelina Juárez.

El proyecto ahora pasó al Senado, que podría tratarlo en su próxima sesión del jueves 1 de junio.

La mayoría de las expresiones vertidas por los legisladores giraron en que no era el momento para dar tratamiento a causa del conflicto social que vive la provincia, y que se expresó en una multitudinaria marcha el lunes pasado. A pesar de ello, la mayoría no manifestó disconformidad con la propuesta, aunque sí hubo varias advertencias sobre la necesidad de que el gobierno dialogue con la docencia autoconvocada.

"Es un desatino total tener que tratar esto a las apuradas cuando ni siquiera tuvimos tiempo de leerlo", sostuvo la diputada Sofía Sierra (bloque PRO). Según dijo, tuvo el proyecto sólo 30 minutos antes de que se inicie la sesión. También expresó que le parecía "una falta de respeto total a la ciudadanía", recordó que esta semana se manifestó una queja social por el monto de los salarios de legisladores capitalinos, provinciales y nacionales. "Aquí estamos actuando con una irresponsabilidad total", insistió.

En tanto, Jorgelina "Koky" Juárez (bloque Todos) recordó que junto a sus pares de bloque se opusieron a que la iniciativa se tratara sobre tablas, ya que lo consideraron "inoportuno" en el actual contexto. La legisladora afirmó que no fue casual el tratamiento después de la represión y la detención de 18 docentes la docencia la semana pasada, y advirtió que se intenta trasladar "el costo político" a la Legislatura salteña. En ese sentido, pidió al ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, que "se siente con los docentes, haga política y responda con política".

En la misma línea habló el legislador procesado Gustavo Orozco (bloque Cambia Salta), quien coincidió que el tratamiento de este proyecto en Diputados, significaba "trasladar una decisión que sólo nos va a traer el costo político, cuando la decisión tiene que darse con el diálogo político". También aseguró que el tema resultaba inoportuno porque se podía interpretar que "estamos tratando de disciplinar a los docentes". "Esta Cámara debería trabajar en buscar un diálogo entre los docentes y el gobierno. La política debe ser la herramienta de diálogo", indicó. Igual que Adrián Valenzuela, se excusó de apoyar la iniciativa también por lealtad con su madre, que es docente.

Quien presentó una postura más disidente fue el diputado Roque Cornejo (Ahora Patria), que también votó en contra del tratamiento sobre tablas y advirtió que la iniciativa es inconstitucional. El legislador dijo que analizaron el proyecto "con la premura que se nos impuso", y aseguró que va en contra de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando como ejemplo el artículo que dice que se tendría que pedir una autorización previamente a cualquier protesta o manifestación.

"No son compatibles con el derecho a la libertad de expresión", citó, agregando que "el aviso justificado no puede funcionar como mecanismo de autorización encubierto". "Estamos hablando de derechos y garantías constitucionales más allá de que cualquier Estado se lo reconozca o no", afirmó. Esta postura le significó un cuestionamiento de Villamayor, quien lo acusó de estar a favor de los cortes de ruta, y dijo que le extraña, siendo un "olmedista".

Legisladores del norte provincial también advirtieron sobre la inconveniencia política de aprobar este proyecto en medio de una de las protestas docentes más importantes. Santiago Vargas fue el más elocuente: “No se están dando cuenta del daño que pueden hacerle al gobierno de Gustavo Sáenz”, sostuvo.

El tratamiento de la iniciativa provocó gran preocupación entre las y los trabajadores de la educación y la salud, que se mantienen en protesta. Organismos de derechos humanos advirtieron sobre un avance de medidas para criminalizar la protesta social.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos filial Salta repudió y rechazó este proyecto de ley que "pretende disciplinar la protesta, la manifestación y con ello la libertad de expresión". "Esta ley viene a dar respuestas nefastas a las problemáticas que el Poder Ejecutivo ha sido incapaz de resolver", advirtió antes de exigir "pronta respuesta a los reclamos de las trabajadoras y trabajadores autoconvocados" y la "inmediata intervención del gobierno nacional como garante de los derechos del pueblo argentino".