La Oficina Anticorrupción (OA) realizó esta mañana una presentación ante el Juzgado Federal N° 3 solicitando ser parte querellante en la causa “Fernández de Kirchner Cristina y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, más conocida como “Hotesur”. Ese caso hoy no tiene juez que lo investigue, tras el abandono de Daniel Rafecas y el rechazo de su colega Julián Ercolini, a quien se la había enviado. La Cámara federal debe decidir en qué juzgado quedará.
La presentación del organismo que dirige Laura Alonso se suma a las realizadas por la Oficina en la causa Ciccone (pedido de indagatoria a Echegaray), Liuzzi (se solicitó la nulidad del sobreseimiento) y a la apertura de una investigación sobre el entorno del ex titular de la AFIP.
En un comunicado, la OA afirmó que "es relevante ser querellante en este caso dado que en la causa se investiga la eventual responsabilidad de la ex Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y al Ministro de Justicia Julio Alak, y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia, en relación con la protección que se habría dado desde ese organismo a la sociedad “Hotesur SA”, que incluyó que se le permitiera permanecer sin presentar sus balances de los años 2011 a 2013, y sin registrar ni un solo documento societario en orden a la integración de sus órganos de dirección y demás autoridades desde 2009 a 2013 inclusive.
Además, la Oficina Anticorrupción hace foco en la llamativa circunstancia de que Cristina Kirchner “ justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad deautopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado”. Traducida al lenguaje coloquial, esa frase indica que, más allá de los delitos que caratulan el caso, lo que debe investigarse es un posible lavado de dinero, tal como hacía el juez Claudio Bonadio hasta que le sacaron el expediente.
En la presentación, la OA destaca que en la causa además se investiga “relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas -según se denunció- que vincularon a Néstor y Cristina F. de Kirchner con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López”. Y agrega: “En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales”.
En el escrito, la Oficina Anticorrupción también pide que se investigue el vínculo entre Inversora M&S S.A. de Cristóbal López y El Retorno S.A. por el alquiler de la Hostería El Retorno, a través Idea SA. cuyo presidente es Osvaldo Sanfelice. Para la OA, lo que se procura determinar es si “estas contrataciones entre las sociedades de la familia presidencial y aquellas que pertenecen a empresarios contratistas de obra pública (modalidad de por sí sospechosa), esconden mecanismos para reingresar al circuito comercial dinero negro -obtenido por el cobro de sobreprecios, el fraude al fisco, y/o destinado al pago de coimas-; si disimulan el pago de comisiones ilícitas al matrimonio presidencial por los negocios obtenidos; y/o si se trata de meras simulaciones destinadas a justificar el incremento patrimonial ilícito de ambos ex presidentes”.
En tercer lugar, la OA destaca que debe investigarse las Declaraciones Juradas de la ex Presidente, en particular las “omisiones e inconsistencias entre 2011 y 2013, con relación a cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate” y una deuda con Hotesur. “En este caso, la investigación no debe limitarse a la verificación de la correspondencia técnica en la declaración y su ajuste formal a la norma, sino que se debe establecer si esas irregularidades no evidencian, en realidad, asientos falsos o sobredimensionados, destinados a justificar un incremento patrimonial ilícito”, destaca el escrito.
Finalmente, la presentación de la OA insiste en la investigación de “los funcionarios responsables de las áreas de difusión, comunicación y prensa de la Presidencia de la Nación, y a quienes hubieran ordenado o autorizado la utilización de los medios públicos Agencia Télam y Twitter oficial de la Casa Rosada, para la emisión de un comunicado correspondiente a la empresa Hotesur S.A.
