Después de ser imputado por la Justicia Federal por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración, la situación política de Jorge Prado también se complicó. El bloque mayoritario del Concejo Deliberante promueve su destitución y ahora tiene tiempo hasta el viernes para defenderse.

El juez federal de Oran, Gustavo Montoya, avanzó con la imputación días después de los allanamientos que se hicieron en la municipalidad por el robo de los caños del gasoducto Nea. Por la investigación también se imputó al secretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes, y al empresario Diego Alos.

Por el delito que se los acusa, los imputados podrían recibir una pena de dos a seis años de prisión, si la causa avanza.

Pero, más allá del costado legal, Prado, que llegó a la intendencia en las últimas elecciones, también afronta una fuerte interna política en el municipio. Los cuatro concejales del partido ADeCo ya manifestaron su intención de avanzar en el pedido de destitución del jefe comunal.

En la sesión de ayer, los ediles otorgaron un plazo de 4 días hábiles para que el intendente responda al respecto de la resolución municipal que autorizó el retiro de los caños por "contaminación al medio ambiente".

Destituir a Prado tampoco será sencillo para los ediles que forman parte del espacio política del exintendente Juan Carlos Alcoba. Para tal finalidad, los ediles necesitan las 2/3 partes del Cuerpo y los impulsores ocupan cuatro de las siete bancas. Es decir necesitarían un voto más. Los otros espacios del recinto pertenecen a la agrupación ‘Por un Aguaray mejor’ y Salta Nos Une.

Culminado el plazo establecido, los concejales analizarán las respuestas de Prado y allí determinarán cómo seguir ante esta situación. La próxima semana resultará clave para el futuro político de Jorge Prado.