A mediados de mayo, en plena cuarentena preventiva por la propagación de coronavirus, obreros de la constructora privada RAC fueron despedidos de sus trabajos y algunos denuncian que recibieron “migajas” tras la desvinculación.

Pese al decreto de necesidad y urgencia que prohibió despidos en la Argentina ante el contexto de crisis por pandemia, por lo menos 20 empleados de esta empresa de Salta fueron desafectados.

El abogado laboralista Federico Vanni, que representa a cinco de los trabajadores, manifestó su preocupación por los obreros y la precarizada situación en la que desempeñaban sus labores, ya que más de la mitad de sus salarios “estaban en negro”.

“Todos son padres de familia y en la mayoría de los casos representan el único ingreso familiar”, contó Vanni a LA GACETA. Algunos eran empleados desde hace seis años y la empresa llegó a proponerles que renunciaran, con la promesa que más adelante serían contratados.

El abogado aseguró que los obreros no estuvieron paralizados durante el asilamiento preventivo y obligatorios, ya que integraron el grupo de trabajadores esenciales, reacondicionando una clínica privada de Salta. Pese a ello, no cobraron el salario de abril.

Ante este contexto, el letrado cuestionó la falta de controles del Gobierno de Salta en empresas privadas que, como en este caso, tienen vínculos contractuales con el Estado por obras públicas. Vanni solicitó audiencia de mediación con la secretaría de Trabajo de la provincia y también recurrió a la Justicia para que los trabajadores sean reintegrados y cobren el salario que corresponde.