El Gobierno provincial ya notificó a unos 1.700 trabajadores estatales que tienen la edad para jubilarse (65 años hombres y 60 mujeres) para que inicien el trámite ante la Anses. El objetivo es reducir la planta de agentes para cumplir las metas que se fijaron en el Pacto Fiscal, un acuerdo sellado entre las provincias y la Casa Rosada.

Ayer el jefe de Gabinete de la Provincia, Fernando Yarade, confirmó a El Tribuno que unas 300 personas ya se jubilaron. Estas intimaciones empezaron a fines del año pasado, tras la rúbrica del consenso fiscal. Estas personas que ya están en condiciones de pasar al sector pasivo tendrán hasta un año para realizar los trámites.

Este es uno de los caminos que el Grand Bourg tomó para reducir el déficit fiscal que el año pasado fue de 4.500 millones de pesos. Además, se congelaron salarios de funcionarios jerárquicos, se renegociaron contratos de servicios y alquileres y se quitaron subsidios a servicios públicos.

Por otra parte, la Provincia adherirá al plan de retiro voluntario que estableció el presidente Mauricio Macri, que se oficializó días atrás para disminuir aún más el nivel de empleo público.

Ministros de Economía de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunieron ayer en Salta, en el marco del Consejo de Responsabilidad Fiscal, donde plantearon los lineamientos para achicar los gastos.

Yarade afirmó que se analizarán las metodologías para aplicar el plan de retiro voluntario en Salta. A nivel nacional, el sistema está habilitado para los trabajadores de más de 65 años que no acrediten los años de servicios para una jubilación ordinaria. En un segundo caso, se contempla a los estatales que tengan entre 60 y 65 años, y en tercer lugar, para aquellos que tengan hasta 60 años y hayan prestado servicios en dos o más en entidades, comprendidas en la Ley 24.156.

En el mejor de los casos, los agentes podrán acceder a "una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales, iguales, y consecutivas", según fija el decreto.

Este mes se definirían qué beneficios podrán ofrecer las provincias para que las personas se retiren de la actividad en la administración pública. El consenso fiscal, por cierto, pone un freno al crecimiento de la planta estatal, que en los últimos años había tenido un incremento exponencial, lo que demandó casi el 60 por ciento del presupuesto para el pago de salarios.

Sobre el estado de las cuentas públicas, Yarade afirmó ante la prensa, tras la inauguración de la sesión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que Salta se encuentra "en un proceso de recuperación de solvencia fiscal".

El ministro de Economía, Emiliano Estrada, sostuvo que se trabaja en sintonía con las provincias para lograr el equilibrio. En la reunión estuvieron el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.

A Salta le corresponde un bono de $4.120 millones

Servirá para compensar deudas con la Nación.

De los 89 mil millones de pesos que la Nación distribuirá a las provincias que firmaron el Pacto Fiscal y frenaron los juicios contra la Casa Rosada, a Salta le corresponden más de 4.120 millones de pesos.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda dispuso la emisión de un bono con un plazo a diez años y seis meses para las provincias, tal como se había previsto a fines del año pasado.

El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, afirmó que hasta agosto la Provincia y la Nación estarán un proceso de compensación de deudas. Luego se determinará el saldo que le queda al Grand Bourg de esos más de 4.120 millones de pesos.

En 2010, por ejemplo, Salta reestructuró una obligación que tenía con la Casa Rosada por alrededor de 1.000 millones de pesos. Eso ahora será descontado del bono que le corresponde a la administración de Urtubey.

Bajar la deuda

Yarade destacó que este instrumento instranferible permitirá reducir el nivel de compromisos. Adujo que, en este punto, la situación es “manejable”. El funcionario aseguró que la relación entre la deuda y los ingresos oscilan el 35 por ciento, y en el caso de los servicios de la deuda (intereses y amortizaciones que se afrontan con el presupuesto) inciden en un 6 por ciento de los recursos.

“Con el bono de la Nación vamos a mejorar el perfil de deuda”, remarcó Yarade.

La emisión del bono de la Presidencia fija un período de gracia para capital e intereses a pagar hasta el 31 de julio de este año. El capital se cancelará en 125 cuotas mensuales y devengará intereses a una tasa nominal anual de 6,7 por ciento a partir del 31 de julio.

Fuente: El Tribuno