La policía dispersó el martes a miles de manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua que eran lanzados desde dos camiones cisternas. Quienes marchaban en Caracas protestaban por la tensión política desatada por la decisión del Tribunal Supremo, luego revertida, de asumir los poderes del Congreso y limitar la inmunidad de los legisladores.
La céntrica Plaza Venezuela, punto de partida de la marcha opositora, había sido tomada desde la madrugada por varios cientos de guardias nacionales y policías que bloquearon los accesos e instalaron cinco tanquetas y cuatro camiones cisternas para impedir la manifestación, que no posee permiso de las autoridades.
Los manifestantes decidieron entonces marchar por las calles aledañas a la plaza al grito de ‘‘íElecciones ya!’’ pero su paso fue interrumpido por las fuerzas de seguridad, que trataron de dispersarlos.
Por más de una hora, centenares de personas, algunas de ellas con los rostros cubiertos con telas y máscaras, resistieron la acción de los cuerpos de seguridad y les respondieron lanzándoles piedras y otros objetos. Algunos opositores se enfrentaron a golpes con policías y les arrancaron los escudos de protección. Desde algunos edificios pertenecientes al gobierno, donde habitan familias pobres, comenzaron a lanzar algunas botellas contra los manifestantes.
Durante la protesta, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, fue agredido por los cuerpos de seguridad. Le rociaron gas pimienta en el rostro y perdió temporalmente la visión, indicó su partido en un comunicado.
En respuesta a la marcha opositora, varios centenares de seguidores del gobierno, miembros de las milicias y empleados públicos vestidos con sus características camisas rojas, salieron a marchar en el centro de la capital en apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Doce estaciones del metro cercanas a la zona de las marchas fueron cerradas y en las principales vías de acceso a Caracas fueron instalados varios puntos de vigilancia, lo que ocasionó congestionamientos de vehículos y limitó el ingreso a la ciudad.
El Congreso convocó el martes a una sesión en la que debatirá la remoción de los siete magistrados de la Sala Constitucional, a quienes señalan de haber violado la constitución al emitir la semana pasada dos sentencias en las que asumían las competencias legislativas y limitaban la inmunidad de los diputados.
Es poco probable que prospere el proceso contra los miembros del Tribunal Supremo, vinculados al oficialismo, ya que la única instancia que puede abrirles una investigación es el Poder Ciudadano que integran la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, organismos también señalados de estar controlados por el gobierno.
Aunque los magistrados modificaron el sábado las sentencias contra el Congreso la crisis política no ha logrado disiparse ni las críticas desde el exterior.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la víspera una resolución que declara la violación del orden constitucional en Venezuela. Al rechazar la resolución, el presidente Nicolás Maduro señaló a la OEA de actuar como un ‘‘tribunal de inquisición’’ y promover el ‘‘intervencionismo’’ en el país sudamericano.
El Tribuno
