En términos económicos la pandemia no hizo más que agravar la situación financiera de Salta. El ministro de Hacienda Roberto Dib Ashur reconoció, días atrás, que la provincia tuvo menos de $7000 millones de recaudación de lo que se esperaba y con el objetivo de evitar el colapso económico el Ejecutivo pidió de urgencia una Ley a la Legislatura para restructurar la deuda pública.

El proyecto, que se convertirá en Ley con el aval del Senado, autoriza al gobierno a realizar todas las operaciones que se entiendan necesarias para afrontar la situación. Allí se detalla la inclusión de emisiones de títulos de deuda o la suscripción de documentos, canjes o solicitudes de consentimiento a los tenedores con el objeto de realizar modificaciones a los títulos de deuda existentes.

Teniendo en cuenta este panorama, en el olvido quedaron las palabras de Juan Manuel Urtubey cuando en su última conferencia de prensa como gobernador de Salta aseguró que su sucesor no debería comprar ni un dólar durante 2020 para pagar los vencimientos de la deuda, porque esos gastos están amortizados y contemplados.

Entre los argumentos del proyecto se detalla la situación de las arcas públicas. “Si bien el primer semestre del presente año arroja un resultado primario positivo gracias a las medidas de contención del gasto público adoptadas por el Gobierno Provincial, los recursos corrientes sólo permiten afrontar los gastos de funcionamiento del Estado, siendo su excedente insuficiente para solventar otros gastos y el pago de los servicios de la deuda”, dice la iniciativa.

Durante el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, Javier Diez Villa indicó que la deuda en pesos al 31 de diciembre de 2019 era de 39 mil millones de pesos, pero producto de la devaluación ese monto subió a 45 mil millones. Sobre la deuda en dólares, que la provincia contrajo a través del Fondo de Reparación Histórica y el Bono del Bicentenario, el dirigente oficialista aseguró que los vencimientos son de 100 millones de dólares en 2021, 194 millones en 2222 y 176 millones en 2223. Por todo esto el monto a reperfilar supera los 390 millones de dólares. “Esto no se trata de una nueva deuda, sino de mejorar las condiciones de los créditos vigentes”, dijo Diez Villa.

Sobre este punto, el diputado Carlos Zapata cuestionó la ausencia de un plan con información sobre los plazos de negociación, las proyecciones y la manera en la que se buscará negociar la deuda pública.

En la cámara baja el proyecto se aprobó con el apoyo de 57 votos y desde las bancadas opositoras lograron consensuar la conformación de una comisión bicameral (compuesta por cuatro diputados y cuatro senadores) que analice los pasos que da el gobierno en relación a este tema.