El autor de esa iniciativa es el diputado Jesús Ramón Villa (Rivadavia-PV) con encuadre en el artículo 179, inciso 2) de la Constitución Provincial, que indica: "La Provincia puede intervenir a alguno o a todos los Poderes Municipales en los siguientes casos... 2) Para normalizar una situación de crisis o gravedad institucional", publicó Nuevo Diario.
El legislador destaca que se produjo una situación de gravedad institucional por los sucesos de público conocimiento ocurridos cuando se denunció la cesión por parte del intendente Enrique Prado de 2.500 caños pertenecientes al inconcluso primer tramo del gasoducto NOA - NEA a favor de la empresa OSYP S.A. Cabe aclarar, que la cañería extraída estaría valuada en más de tres millones y medio de dólares.
Por este caso ya está imputado el jefe comunal norteño y ya se produjo el rescate de varios caños, en fincas particulares y en una empresa con asiento en Mendoza. Hubo allanamientos ordenados por la Justicia Federal que estuvieron a cargo de personal de Gendarmería Nacional y otras fuerzas de Seguridad.
El proyecto de ley además de autorizar al Ejecutivo Provincial a intervenir a la comuna de Aguaray, expresa que el intendente en ejercicio cesará en su cargo a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Se facultará, además, al Poder Ejecutivo Provincial a designar al Comisionado Interventor, con las atribuciones que la Constitución y las Leyes de la Provincia confieren a los órganos intervenidos.
Se establece, además, que la intervención se extenderá hasta la asunción del nuevo intendente municipal que resultare electo en las próximas elecciones provinciales del año 2021.
Cabe citar que el intendente Prado intentó desligarse al expresar que la medida contaba con el aval del Ministerio de Ambiente de la Nación, pero esto fue desmentido por aquella cartera.
