Tras más de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general. A la hora de la votación en particular, el Frente de Todos no consiguió los votos necesarios y optó por retirar el artículo 95 que extendía las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones. Por su parte, la oposición logró frenar el artículo que proponía cobrar Ganancias al Poder Judicial.

El proyecto obtuvo 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. La UCR, Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas votaron a favor. El PRO y la izquierda se abstuvieron. La Coalición Cívica, liberales y libertarios rechazaron la iniciativa.

Según pudo saber Infobae, la aprobación en general del texto fue interpretado como un importante logro político para el ministro de Economía, Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda destacaron que el plan de gastos y recursos “incluye un orden muy fuerte de las cuentas públicas”.

El Frente de Todos logró el quórum gracias a un puñado de diputados de Evolución y de la UCR. Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, del bloque referenciado en Martín Lousteau a nivel nacional, fueron los primeros en entrar en el recinto. Poco después se sumaron varios radicales como Hugo Romero, Miguel Ángel Bazze, Jorge Rizzoti y Martín Arjol. Máximo Kirchner, por su parte, fue uno de los pocos oficialistas que no ocupó su banca al inicio de la jornada.

El PRO y la Coalición Cívica no bajaron hasta que el oficialismo consiguió el número para comenzar con el debate. Los “lilitos” habían adelantado hace días que no acompañarían el Presupuesto porque sus variables macroeconómicas son “poco realistas”, porque intentaba habilitar suba de impuestos (como a los productos electrónicos de Tierra del Fuego) y porque buscaba extender las facultades delegadas para establecer retenciones, entre otros puntos.

Por su parte, el PRO también informó, ni bien comenzó el debate, que se abstendría en la votación en general. “Estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, detallaron a través de un comunicado.

Y agregaron: “No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del Presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar ganancias”.

Los opositores que apoyaron el Presupuesto destacaron que las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) que las que presentó Martín Guzmán el años pasado y que el oficialismo aceptó varias modificaciones. Por otro lado, evaluaron que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. Su objetivo fue limitar lo más posible la capacidad de reasignar partidas sin control en un año electoral.

A pesar de que durante los últimos días se repitieron las reuniones entre los miembros de la coalición opositora, no se llegó a un acuerdo para unificar criterios. Según pudo saber Infobae, uno de los que más presión ejerció para aprobar el Presupuesto fue el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales.

El radical Hugo Romero señaló que “ante la crisis y la decisión del Gobierno de no cambiar el rumbo como oposición es necesario que Argentina tenga un presupuesto para el 2023, para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente y para evitar la discrecionalidad en un año electoral”.

Entre las principales concesiones que hizo el Frente de Todos para evitar el bloqueo del proyecto se destacó la inclusión de una cláusula gatillo que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.

Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones. Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.

Al promediar la jornada, en la bancada del Frente de Todos reconocían que no contaban con los votos suficientes para aprobar uno de los artículos que mayores resistencias generó: el cobro de Ganancias a todos los integrantes del Poder Judicial. Finalmente fue rechazado por 134 votos negativos a 116 a favor.

La izquierda adelantó que no acompañaría la iniciativa porque incluía, además de los jueces, a los trabajadores de los juzgados. “El trabajo no es ganancia”, repitieron. En la misma línea, la diputada oficialista Vanesa Siley, que también se desempeña como Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-Sitraju), adelantó que votará en contra.

“Como trabajadora y como hija de laburantes, peronista y creyente en la movilidad ascendente, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. No podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarle el bolsillo a los trabajadores”, dijo.

Sin embargo, en los pasillos del Congreso los diputados que defendían el artículo estaban dispuestos a ir al recinto a votar para “dejar en claro quién defiende los privilegios”. Confiaban en que la derrota legislativa podría luego transformarse en una victoria política y discursiva.

En cuanto a las retenciones, el oficialismo optó por retirar el artículo que extendía las facultades delegadas hasta el 31 de diciembre de 2023. “Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller. En el oficialismo confiaban en que las cosas “seguirán tal cual están ahora” aún sin la aprobación del artículo.

Por otro lado, el Frente de Todos logró consolidar una mayoría para agregar una nueva tasa a los viajes en avión, que se cobraría tanto en vuelos domésticos como internacionales. “Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del texto que tratan hoy los diputados.

La norma establecerá un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100.000 pesos.

“Crear una tasa muestra una vez más lo errático de la política aeronáutica del Gobierno. Cerraron el aeropuerto de El Palomar, sacaron el Pre Viaje y ahora perjudican al turismo con esto. Es una política errática y va a terminar todo mal”, dijo Hernán Lombardi, del PRO.