En una sesión de alto voltaje político, con abundantes discursos críticos acerca de la situación social y económica del país y de la provincia, la Cámara de Diputados dio anoche media sanción a la declaración de emergencia comercial en todo el territorio de la provincia por un plazo de 180 días, prorrogable por otros seis meses.
El presidente de la comisión de Hacienda, Mario Vilca, destacó que se trata de una medida orientada a beneficiar, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas, que en la provincia generan el 80 por ciento del empleo privado. El legislador se refirió con dureza a la gravedad de la crisis y al impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los consumidores, lo que deriva en una situación muy compleja para los comerciantes.
A su vez, Julio Moreno sostuvo que "hemos consensuado que todo beneficio para las pequeñas empresas es bienvenido", y recordó que "ya sufrieron el impacto del tarifazo de actividades económicas".
"Apoyamos además toda medida que permita bajar las tasas y retrotraerlas hasta antes del pacto fiscal", añadió
Solo se opuso Claudio del Pla, del Partido Obrero, quien sostuvo que los ingresos de la provincia aumentaron el 42% y que los problemas del comercio se resuelven con mayores sueldos para el personal estatal. El proyecto, ahora con media sanción, está dirigido a quienes acrediten inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos y domicilio fiscal constituido en Salta; además, deberán ser micro y medianas empresas con 24 meses de actividad económica registrada. En virtud de esta futura ley, la Dirección General de Rentas de la Provincia deberá "suspender las ejecuciones fiscales. La emergencia comercial permitirá acceder a exenciones y diferimientos de vencimientos, facilidades de pagos de impuestos provinciales y líneas de crédito a tasas diferenciadas".
Sensación de crisis
La sesión había comenzado con el tratamiento de proyectos de rechazo a la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de control de ataques externos en las zonas de frontera. Se solicitó que los diputados salteños exijan su derogación. Las dos vertientes del peronismo, el PJ y el Frente para la Victoria, en boca de Alberto Abadía y de Jesús Villa, cuestionaron el decreto nacional sin analizar el texto y le atribuyeron la intención de aplicarlo a reprimir estallidos sociales. Quien sí lo analizó fue Guillermo Martinelli, de Cambiemos Salta, consideró pertinente que el Congreso intervenga y defina políticas congruentes y sólidas en materia de políticas militares y de seguridad interior, así como los roles de las fuerzas. Asimismo, hubo un cuestionamiento unánime al decreto que redujo las asignaciones familiares en los departamentos de Rivadavia, San Martín, Los Andes, Santa Victoria y Orán.
Fuente: El Tribuno
