Tres meses y medio tardó la denominada Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso en concluir que la retribución especial de medio millón de pesos que Miguel Etchevehere recibió de la Sociedad Rural cuando saltó de su presidencia al gabinete nacional contraría “las normas sobre ética pública”. El ministro de Agroindustria mintió cuando trascendió la noticia al afirmar que era la liquidación final de sus haberes: la propia SRA dejó en claro que no le debían nada y que fue una gratificación extraordinaria. A fines de enero, pese al respaldo del jefe del gabinete Marcos Peña, Etchevehere devolvió la plata a sus antiguos representados para descomprimir su situación. Seis semanas después, Alonso admite que su accionar no fue compatible con el “deber de prudencia” que debería cumplir un funcionario público. Etchevehere está imputado –por una denuncia de su hermana– por administración fraudulenta y vaciamiento de la empresa familiar, y denunciado por tener trabajadores no registrados en sus fincas.
Cuando el presidente le comunicó que lo nombraría ministro, Etchevehere reclamó un bono de salida de la Rural para compensar los ingresos que “perdería” con su mudanza. Cinco días antes de su asunción, el 21 de noviembre, el consejo directivo de la Rural, en votación dividida (14 votos a favor, 11 en contra), aprobó entregarle 500 mil pesos para que siguiera defendiendo sus intereses desde la trinchera estatal. Delegados del distrito 2 calificaron el hecho como “pésimo ejemplo y antecedente” y apuntaron que afectaba tanto “el buen nombre y honor” de la Rural como del “sector campo” en general. Le agradecieron los servicios prestados pero destacaron que “la persona de campo es austera, y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor”.
Cuando la noticia trascendió, Etchevehere intentó explicar que el pago había sido otorgado “en concepto de honorarios por los servicios prestados” y Peña se esmeró en protegerlo: los 500 mil pesos son una “liquidación de su ex empleador”, por lo que el Gobierno “no observa problemas de incompatibilidad con la función pública”, dijo. El problema para ambos fue la imposibilidad de confirmar sus dichos. La propia Sociedad Rural tuvo que reconocer que los honorarios estaban al día y las actas de la reunión que terminó en la votación dividida revelan nunca estuvo en consideración un “pago de honorarios” sino un “aporte excepcional”.
Ante la contundencia de los hechos, en vez de dictaminar como correspondía, Laura Alonso le avisó al Ejecutivo que Etchevehere era indefendible y que no tenía otra alternativa que emitir una opinión negativa. La decisión del gobierno fue entonces que el ministro devolviera la plata para tratar de cerrar el caso. El argumento, que el funcionario difundió en un comunicado, fue “la necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles”. Claro que al devolver el dinero reconocía que no le correspondía y que había mentido al decir que se trataba de un pago de honorarios.
Ayer, finalmente, se conoció el demorado dictamen de Alonso. La recepción del bono de la Rural para asumir como funcionario “no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública”, admitió la ex diputada de Cambiemos. Citó en particular el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que su ejercicio “debe inspirar confianza en la comunidad”, para lo cual “deben evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”. Alonso le recordó al ministro “su deber de abstenerse de intervenir en el ejercicio de la gestión pública en cuestiones particularmente relacionadas con la Sociedad Rural”. En tal caso le recomendó “comunicar su excusación” a Macri “para que designe un reemplazante.
Fuente: Página 12
