Despidos “por goteo acelerado”, reducción de “gastos políticos” y algunas medidas para recaudar más, el Gobierno puso finalmente en marcha ayer la tercera fase del ajuste fiscal con el que busca reducir el déficit.
Una de las medidas para reducir el gasto está conformada por una sugerencia concreta del ministro de Modernización Andrés Ibarra:achicar la planta de empleados estatales. Habrá despidos y no se cubrirán vacantes por jubilaciones y retiros.
Según indicaron, el objetivo de mínima es completar una baja del 9% en la planta total de empleados públicos nacionales antes de julio de 2019, en comparación con fines de 2015.
Para ello, falta que 30.302 trabajadores estatales dejen sus puestos en los próximos trece meses. Esto afectará también al Poder Legislativo.
Para no aumentar la conflictividad social, los despidos serán “por goteo acelerado”, explican en el Gobierno a este diario. Ayer llegaron siete telegramas al INTI, donde desde enero cesantearon a 238 profesionales.
Y en el INTA se declararon en estado de alerta porque despedirán a 600 profesionales (casi 8% de una plantilla de 7.400) entre junio próximo y abril de 2019.
En la AFIP abrieron un paraguas. El dirigente sindical Guillermo Imbrogno, dijo que el organismo recaudador cuenta con autarquía financiera desde 2017 y no recibe transferencias del Tesoro. Imbrogno rechazó cualquier intención del Gobierno de reducir la plantilla y aclaró que están "en alerta".
Según el plan en el que trabajan Ibarra, el jefe de Hacienda, Nicolás Dujovne, y otros siete ministros, habrá despidos en casi todas las áreas: serán afectados empleados de planta y contratados.
Este sector ya venía sintiendo el rigor: cuando asumió Cambiemos había 778.798 trabajadores en el Estado Nacional. Sólo 240.000 eran de planta. El resto, contratados.
Ahora, tras dos años en los que Cambiemos también sumó nuevos empleados, la Nación tiene 739.000 trabajadores, un 5,38% menos (39.798 personas) que en 2015. Sólo 208.000 agentes son permanentes y el resto tiene contratos de renovación anual.
La masa salarial de los empleados públicos nacionales se lleva el 11% del Presupuesto Nacional. Y el objetivo del Gobierno es que baje al 8% antes de terminar el mandato de Macri. La baja será por menos puestos de empleo y por recorte salarial respecto de la recaudación impositiva, motorizada por la inflación.
En paralelo, el Ejecutivo puso en marcha recortes de gastos simbólicos por $20 mil millones: venderá el 80% de la flota de autos oficiales y a quien quiera tomar agua en la Casa Rosada, deberá consumirla de la canilla.
Ese monto representará sólo el 13,7% del recorte de 145.750 millones de pesos que la administración Macri busca hacer al gasto primario.
Más recaudación
Las grandes exportadoras de cereales compran la soja a los productores. Si la revenden como porotos, pagan retenciones del 24,5, con baja de medio punto porcentual por mes. Y si le dan valor agregado convirtiéndola en aceite, también pagan 24,5%.
Pero si, en cambio, con la materia prima hacen biodiesel no pagaban nada. En diciembre impusieron una tasa del 8%. Y ahora, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne vio allí un hueco y volvió a subir la tasa al 15%. Aún queda, a favor de las exportadoras, una brecha de 9,5 puntos porcetuales.
En todos los casos, las exportadoras le descontaban a los productores las retenciones totales, por lo que en una simple operación hacían una diferencia millonaria. Esa situación es la que Estados Unidos y la Unión Europea identifican como un subsidio. En ese caso, el subsidio lo pagan los productores.
Fuente: Informate Salta
