El juez federal Claudio Bonadío volverá a pedir en los próximos días el desafuero de la senadora nacional Cristina Kirchner por el escándalo de los cuadernos con detalles de coimas en la obra pública durante su Presidencia, al tiempo que ya solicitó a la Cámara Alta autorización para allanar sus domicilios.

Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales, que precisaron que la solicitud es para realizar operativos en las viviendas que la expresidenta tiene en las localidades santacruceñas de Río Gallegos y El Calafate, y también en la Ciudad de Buenos Aires.

El pedido de allanamiento forma parte de la investigación sobre los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, donde se detalla la presunta circulación de bolsos con dinero para el presunto el pago de coimas por obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La ley de fueros (25.320) establece que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara".

De acuerdo a esa norma, la Cámara puede autorizar el allanamiento sin dictar el desafuero, que es la otra medida que el juez federal tiene en carpeta, adelantaron fuentes judiciales, posiblemente para después del 13 de agosto, fecha en la que la exmandataria deberá presentarse a declarar, otra vez convocada por Bonadio, pero esta vez por la causa de los cuadernos de Centeno.

Antes, los allanamientos

En declaraciones a la prensa acreditada en el Senado, el presidente provisional de la Cámara Alta, Federico Pinedo, consideró que el pedido de allanamiento debería "ser tratado con más urgencia que un desafuero", aunque aclaró que se trata de su postura personal.

Ocurre que, según precisó, el interbloque de Cambiemos se reunirá la semana que viene para definir una postura frente al pedido que envió el magistrado que, en caso de aprobarse, debería ser, según Pinedo, "por mayoría simple", porque la ley de fueros "no tiene previsto una mayoría agravada".

En tanto, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, se expresó a través de un comunicado en el que se refirió únicamente al eventual pedido de desafuero y afirmó que "se ratifica la posición institucional del Senado en el sentido de que no procede el desafuero mientras no haya sentencia firme".

"El proceso penal se puede llevar a término hasta la sentencia misma sin ningún tipo de impedimento por la existencia de fueros", agregó Pichetto.

Sobre los desafueros

Por otra parte, Bonadio envió al Senado una nota para solicitar que se informe si "registra trámite parlamentario" el pedido de desafuero contra la senadora del Frente para la Victoria que había hecho el año pasado, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Aquel pedido de desafuero, enviado en diciembre de 2017 no prosperó, en primer lugar por la negativa del Bloque Justicialista bajo los fundamentos expresados por Pichetto, y en segundo término porque perdió peso luego de que todos los detenidos en el marco de esa causa quedaran en libertad.

Frente a la posibilidad de una nueva solicitud para quitarle los fueros de senadora a Cristina Kirchner, con lo cual podría ser detenida, el jefe del bloque de del Frente para la Victoria- PJ, Marcelo Fuentes, consideró este jueves que la Cámara Alta no lo habilitará.

"Entiendo que Pichetto va a mantener su postura de no tratar desafueros en el Senado, quiero creer eso. Es una cuestión de principios que ha sostenido a lo largo del tiempo. No veo por qué no va a modificar eso, independientemente de su candidatura", afirmó el legislador Fuentes.

En declaraciones radiales, el neuquino evaluó que existe una "estrategia contra Cristina" que es "uniforme" en los distintos países de la región y precisó: "Con (Rafael) Correa, con Dilma (Rousseff), con Lula (Da Silva). Los grandes medios aliados con sectores de la Justicia para que no vuelvan los populismos a América Latina".

"Espero que se mantenga el criterio de no habilitar el desafuero si no hay sentencia firme", remarcó Fuentes ante la posibilidad de una nueva solicitud de Bonadio en ese sentido.

La llamada "doctrina Pichetto" se apoya en lo que dicta la ley de fueros, que establece en su artículo 1 que cuando un funcionario sujeto a desafuero, remoción o juicio político fuera objeto de una causa penal, el tribunal podrá "seguir adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión".

Fuente: El Tribuno