Unos 550 millones de pesos era la deuda que mantenía a mediados del año pasado (últimos datos disponibles) la Nación con Salta por partidas no enviadas en el marco de la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.
Sin una solución a la vista, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, le sugirió ayer al gobernador Gustavo Sáenz que Salta deje de adherir a la norma nacional.
De esta manera, se busca que la Provincia reduzca sus gastos operativos dejando nuevamente en manos de las fuerzas federales todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico por un lado y, por el otro, descongestionar cárceles y comisarías que hoy están desbordadas por la cantidad de detenidos, muchos por causas vinculadas al microtráfico.
Sáenz recibió a Cornejo quien, además, planteó su visión en torno de la ubicación de la Unidad Carcelaria N§ 1 y a aspectos vinculados con la seguridad y el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia.
El eje de la reunión fue el planteo sobre la necesidad de suspender la vigencia de la Ley N§ 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y permitió a las provincias que adhieran a la nueva norma, actuar en el narcomenudeo.
Cabe recordar que en Salta la adhesión entró en vigencia el 1 de enero de 2014 y, desde entonces, la administración nacional adeuda los fondos correspondientes que establece la misma normativa. En su artículo 5§, la ley establece "un sistema de transferencias proporcionales a las jurisdicciones que adhieran y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente".
Para reforzar su postura, Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, distritos que adhirieron a la ley pero que suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos previstos en la misma normativa.
Cárceles saturadas
Cornejo sostuvo que el incumplimiento del Gobierno nacional generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía de la Provincia, donde también se aloja a detenidos.
"Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas", afirmó el procurador.
En ese contexto, Cornejo sugirió al gobernador que la Unidad Carcelaria N§ 1, ubicada en Villa Las Rosas, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana.
"La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana", expuso el procurador.
Además, analizaron las expectativas del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) del Ministerio Público Fiscal. Cornejo remarcó que "es imperiosa la necesidad de que haya 200 miembros efectivos del CEI, porque esos investigadores civiles serán quienes trabajan conjuntamente con los efectivos policiales y dirigidos por un fiscal, en la investigación de delitos de mayor complejidad".
En el mismo sentido, dialogaron sobre la próxima promulgación de la ley que creó una fiscalía de ciberdelitos, una fiscalía penal en Cachi y otra en Rosario de la Frontera; y que además, modificó la dirección del CIF, que quedará en manos de un fiscal.
Análisis de la reforma de la Constitución
El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, y el procurador general, Abel Cornejo, evaluaron ayer durante el encuentro que mantuvieron el proyecto de reforma de la Constitución de la Provincia, el cual ingresará a la Legislatura en abril próximo, cuando inicien las sesiones ordinarias. Consultado sobre los mandatos de los cargos en el Ministerio Público, Cornejo consideró que deben mantenerse por seis años.
