Con el fin de desalentar la comercialización de cigarrillos que ingresan ilegalmente al circuito comercial, el senador por General Güemes, Carlos “Kety” Rosso, presentó un proyecto que establece severas penalidades.

Entre las sanciones, se prevé en primer término decomisos y multas; y también la clausura del local por plazos de entre 30, 90 y hasta 120 días en caso de sucesivas reincidencias.  Además establece como organismo de fiscalización en toda la provincia a la Dirección General de Rentas. 

Entre los fundamentos, advirtió que Salta está perdiendo anualmente unos 1.300 millones de pesos en concepto de ingresos tributarios.

Se considera cigarrillo ilegal o informal a aquel que no cuente con justificación de procedencia, contenga estampillas falsificadas o que hayan sido fabricados en violación a la Ley de patentes y marcas; previéndose a la vez en la Ley un registro de manufactureros, que también pueda ser fiscalizable por la DGR.

Durante la reunión el administrador del Fondo Especial del Tabaco, Enrique Cornejo, advirtió que cada paquete de cigarrillos legales le deja al Estado nacional un 75% de su valor en tributos, que además son coparticipables.

De esos tributos, que son unos 150 mil millones anuales, salen beneficios sociales como el IFE, etc. A ello se agrega que una parte de ese 75% integra el FET, del cual Salta es beneficiaria en un 34%.

Con el cigarrillo ilegal, que hoy ya ocupa un 23% del mercado nacional de 9 millones de consumidores de cigarrillos, el país pierde recaudación y a Salta le dejan de ingresar más de 1.300 millones de pesos por año, advirtió.