La vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fueron sobreseídos en la causa por el dólar futuro. La decisión fue adoptada este martes por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Los jueces entendieron que debía cerrarse la investigación luego de la pericia que hicieron los analistas de la Corte Suprema diciendo que no había existido perjuicio para el Estado, según lo demostraron los balances del 2015 y 2016 del Banco Central. Y también aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables.

Precisamente, hoy se cumplen cinco años de que CFK enfrentó su primera indagatoria por esta causa, una denuncia hecha por diputados del PRO y de la UCR en medio del ballotage en el que ganó Mauricio Macri. Fue cuando el juez Claudio Bonadio la convocó a declarar a Comodoro Py, algo que hoy recordó La Cámpora en su cuenta de Twitter y la ex presidenta agradeció. Es la primera causa que se le cierra a Cristina Kirchner desde que volvió al poder.

El sobreseimiento se dictó para Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán. Casación también dispuso remitir las actuaciones al Tribunal Oral para cesar las medidas cautelares. El fallo añade, como sucede en cada sobreseimiento: “DEJAR A SALVO el buen nombre y honor del que gozaren los nombrados en este proceso”.

El 4 de marzo pasado Cristina Kirchner les habló a los jueces desde su despacho del Senado. “El doctor (Carlos) Beraldi me dijo que pida el sobreseimiento. Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, Dr. Petrone? Yo le pido que apliquen la ley y la Constitución”, dijo la vicepresidenta luego de un alegato sin juicio en donde, casi en cadena nacional, habló de lawfare y del endeudamiento en la gestión macrista con el FMI. Allí acusó de cómplice al Poder Judicial por haber abierto esta causa.

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

A criterio del juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.

Fue a raíz del pedido de la defensa de Pesce, a cargo de Andrea Casaux, hecho en 2017 y al que adhirieron otros imputados, el TOF ordenó un estudio contable. Los analistas del Cuerpo de Peritos de la Corte Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño –junto a los peritos de parte– finalmente se reunieron, analizaron la documentación y contestaron, en 82 páginas, las 81 preguntas que confeccionó el tribunal. Allí se sostuvo que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”. La información, adelantada por Infobae, se conoció el 8 de agosto.

Frente a eso, las defensas de los ex responsables del BCRA pidieron el sobreseimiento al Tribunal Oral Federal 1. Los jueces Jose Michilini y Ricardo Basilico rechazaron el pedido. Dijeron que el fiscal mantenía la acusación en base a otras pruebas y que no todos los acusados lo habían solicitado. El juez Adrián Grumberg votó por cerrar el caso y se apartó porque no iba a cambiar su postura.

Tal como reveló entonces Infobae, Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron a Casación. La vicepresidenta pidió una audiencia cara a cara con los jueces y los medios para transmitirla. A las dos cosas les dijeron que no. “Ya ahí dije ‘el lawfare sigue en pleno apogeo’”, advirtió la propia CFK en la audiencia. Después de idas y vueltas, consiguió un zoom con una cobertura online que tuvo el efecto de una cadena nacional.

“Esta es una causa que se armó al calor del proceso electoral (de 2015) y hace cinco años estamos en esta causa. Hay una pericia contable hecha por los peritos de su Corte, Petrone, que dice que no hubo perjuicio y yo sigo sentada acá. Y el otro (por el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger) está en Columbia dando clases, y el otro (por el ex presidente Mauricio Macri) mirando partidos en Qatar... ¿Y ustedes quieren convencerme a mí de que es un poder judicial en serio?”, protestó. “Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuraron la devaluación y los que estamos sentados y acusados acá somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país y pagamos la deuda al FMI”, vociferó. “Minga al precio de dólar blue. El dólar cuando yo dejé el Gobierno estaba 9,74 pesos”, dijo. “Hicieron una devaluación catastrófica. Y ustedes, el Poder Judicial, son responsables de lo que pasó”, dijo entonces Cristina Kirchner.

La fiscalía a cargo de Raúl Plee pedía llevar la causa a juicio. “La pericia no es exclusiva prueba ni excluyente del resto de las pruebas”, dijo.

Hoy, en este esperado fallo, los jueces Petrone y Barroetaveña hicieron un voto conjunto en donde señalaron que, según las conclusiones de la pericia realizada, la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA aparecía dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además, que todo se habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones.

Por lo tanto, entendieron que no es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún resultado ocasionado por un accionar legítimo y conforme a derecho y en consecuencia correspondía dictar el sobreseimiento de todas las personas imputadas. También señalaron que la maniobra que se atribuyó en autos, en definitiva, materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete.

Según dispusieron, el examen realizado no abarca el análisis de la diligencia, oportunidad o inconveniencia de tales operaciones en el contexto en que se realizaron, ni sus eventuales resultados, ello en función de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que indica que las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial.

Por su parte, la jueza Figueroa también llegó a la misma conclusión en su propio voto. Allí hizo un extenso repaso de la causa en donde resaltó que en esta causa “se encuentran imputados en autos el Presidente del BCRA en el periodo cuestionado, los Directores que integraban el Directorio del mismo, tres personas con responsabilidad en la Comisión Nacional de Valores, la entonces Presidenta de la Nación y el Ministro de Economía. Al respecto, debe decirse que resulta al menos llamativa la extensión de la imputación a funcionarios que nada tienen que ver con los hechos objetos de proceso, en razón de sus competencias funcionales”.

Y por eso la jueza resaltó: “Ni los funcionarios del BCRA ni la Presidenta de la Nación Argentina y ni Ministro de Economía son sujetos activos del delito reprochado en autos, en tanto éste sólo podría ser cometido por el Presidente del BCRA que tiene a su cargo la facultad de celebrar contratos de venta de divisas a término, sostener lo contrario implicaría la aplicación de la responsabilidad objetiva en materia penal, constitucionalmente vedado por imperio del principio de culpabilidad”.

La jueza hizo hincapié en que durante la instrucción a cargo de Bonadio la pericia contable no se había hecho. Y por eso, por más que el caso ya haya pasado a Tribunal Oral Casación, no puede dictar otro fallo que no sea el cierre de la causa. “El Poder Judicial en todo Estado de Derecho tiene la obligación constitucional y de derecho interno de entender y poner fin a contiendas, como en el presente caso sometido a control jurisdiccional, que se han mantenido a través del tiempo, produciendo incertidumbre entre los justiciables y creando desconcierto entre la comunidad jurídica, cuando ante la atipicidad de un delito denunciado, se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”. Y añadieron: “La vigencia de la Constitución Nacional, la igualdad ante la ley, el respeto al debido proceso y su resolución en tiempo oportuno, son los pilares que sostienen a toda sociedad democrática y consolidan la credibilidad de la justicia”.