Sólo un tercio de los funcionarios públicos llevados a juicios por corrupción fueron condenados, aunque una gran mayoría de ellos no fue a prisión porque las penas no fueron de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, los casos que llegan a juicio son los menos. Muchos otros quedan en el camino por falta de mérito, sobreseimiento, archivo o prescripción durante la investigación. Sólo dos de cada 100 investigados por corrupción tuvieron una sentencia condenatoria.

Así surge de un nuevo informe de la auditoría de causas de corrupción concretada por el Cuerpo de Auditores del Consejo de la
Magistratura de la Nación, que analizó 730 expedientes que llegaron a seis tribunales orales federales (TOF) de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 2016. Durante esos 20 años, se resolvieron en un juicio oral 579 causas, mientras que 151 (el 20%) aún no habían llegado a esa instancia.

Debido al retraso en la realización de los juicios, con posterioridad a la fecha de corte del estudio, fueron creados otros tres TOF más. Estos tribunales llevan adelante, además de las causas de corrupción, las de drogas y narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, y los juicios por lesa humanidad.

El 32% de los funcionarios sentados en el banquillo de los acusados fueron encontrados culpables, mientras que el 34% fueron absueltos. Y un tercio de estos últimos fueron beneficiados por la prescripción de los expedientes, debido a la demora en la instrucción de las investigaciones por parte de los jueces de primera instancia.

Fueron juzgados por los delitos de estafas y defraudación en perjuicio de la administración pública, cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, entre otros.

La auditoría de causas de corrupción fue impulsada por Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras ONG, y llevada adelante por el Consejo a instancias de su presidente el abogado santafesino Miguel Piedecasas. El plenario del cuerpo aprobó ayer esta nueva etapa del estudio que revela los tiempos de los expedientes abiertas contra funcionarios públicos, y en qué medida, esos tiempos están signados por la política.

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nacion, Miguel Piedecasas. Credito: Adrian Escandar

Las causas que quedan en el camino

Según un capítulo anterior de la auditoría, el promedio de demora de las causas de corrupción es de tres años y medio, y hay casi un 20% de expedientes que llevan más de seis años – y hasta diez- sin ser resueltos. Entre los jueces que más demoras tuvieron en la tramitación de las causas figuran los jueces Norberto Oyarbide (ya jubilado), Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral.

Una vez superada la etapa de instrucción y los innumerables recursos de apelación que permite el actual Código Procesal Penal, recién el tribunal oral federal designado por sorteo evaluará la prueba recabada, considerará producir otra nueva y tendrá la misión de ejercer justicia.

Si bien durante el kirchnerismo casi no hubo juicios contra funcionarios o ex funcionarios por corrupción, la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada implicó una cambio en los -históricamente- lentos tiempos de Comodoro Py. Ex funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner como Ricardo Jaime, Julio De Vido y Amado Boudou se sentaron en el banquillo de los acusados. Estos dos últimos enfrentan actualmente ante el Tribunal Oral Federal N°4 el juicio por la tragedia de Once -en la que el ministro de Planificación declaró esta semana- y por la apropiación de la ex imprenta Ciccone, cuyo veredicto se conocerá en agosto.

Los juicios por corrupción en los últimos 20 años

El TOF 4 es el tribunal que más juicios por corrupción concretó en los últimos 20 años: en total, 181 sobre un total de 202 expedientes que llegaron a los despachos de sus jueces en el sexto piso de Comodoro Py, a los que se suman otros 21 en trámite.

Según el informe del Consejo de la Magistratura, le sigue el TOF 5 con 150 juicios resueltos sobre 171 expedientes , y el TOF 1, con 116 sobre 132. En el otro extremo, el TOF 6 realizó 34 juicios sobre un total de 84.

Pero la cantidad de juicios orales llevados adelante por cada tribunal depende mucho de la extensión y complejidad de los expedientes, de la disponibilidad de salas y de las vacantes que son cubiertas por jueces de otro tribunal oral.

En cuanto a las sentencias contra funcionarios públicos denunciados por corrupción, el ranking lo encabeza el TOF 5 con 59 condenas y 32 absoluciones, seguido por el TOF 4 que dictaminó 40 condenas y 70 absoluciones. En el otro extremo se ubica el TOF 3, que dictó 11 condenas y 41 absoluciones. Tanto el TOF 2 como el 6 tienen un número similar de ambas: 13 y 13 en el primer caso, y 18 y 19 en el segundo.

Apelación a Casación

Aún después que una causa por corrupción llegue a juicio, la condena o absolución puede ser apelada ante el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal.

De las apelaciones que llegaron a este tribunal de alzada entre 2006 y el 2016, se resolvieron un 96% de los 1.564 expedientes que tuvieron que analizar.

Fuente: Infobae