Dos años pasaron desde que el proyecto para crear una "zona roja" o "zona de convivencia" en Salta, luego de un debate de casi dos meses, se cayera definitivamente por falta de consenso para tratar la iniciativa en el Concejo Deliberante de la ciudad. Desde entonces nada cambió para las trabajadoras de la noche de Salta o, si hubo cambios, fueron "para peor".

Con la sanción de la ley 7914, que modificó el Código Contravencional de la Provincia a principios de diciembre de 2015, se introdujo el artículo 114 que indica que "serán sancionados con arresto de hasta veinte (20) días o multa equivalente las personas que demandaren u ofrecieren servicios de carácter sexual por dinero u otra retribución en la vía pública o espacio público". No obstante, se aclaraba que "queda sin efecto la contravención en los supuestos que los municipios habilitaren espacios públicos para la práctica de la conducta descripta precedentemente".

Pero en el municipio de Salta el Concejo Deliberante no fue capaz de avanzar con el proyecto de zona de convivencia que analizaron y debatieron en comisiones y todo quedó como estaba en cuanto a la enorme oferta de prostitución en numerosas áreas de la ciudad, pero con la diferencia de que la actividad es ahora perseguida y sancionada, incluso más que otras como la de los trapitos, que también fue incorporada en la nueva ley como una contravención pero que goza de controles más laxos.

Sin el área de convivencia, vecinos y trabajadoras sexuales se las arreglan para coexistir, con la Policía intentando controlar la actividad y hacer cumplir la prohibición de la oferta sexual en las calles.

Trabajadoras transexuales que se dedican a la prostitución denunciaron en El Tribunoque, desde la sanción de la ley que tipifica como contravención su actividad, son víctimas de acoso policial más que hasta antes de la normativa. "Nosotras vivimos una situación difícil. Salir a trabajar para sobrevivir es un riesgo y un peligro constante", manifestó Greta Aguilera, una dirigente trans que fue seleccionada por el grupo para exponer ante este diario la situación que viven.

"En la calle se junta todo, hay chicas que recibieron golpes, puñaladas y cortes en las manos, entre muchas otras vejaciones", describe Greta. De hecho, contó que una de las trabajadoras que iba a participar de la entrevista no pudo porque la noche anterior fue atacada salvajemente por un supuesto cliente "que terminó abusando de ella y robándole".

No obstante, para las trabajadoras, "el mayor sufrimiento es el que nos causa la Policía".

"Le tenemos más miedo al policía que al ladrón, porque ellos se llevan algo de plata y ya está. En cambio, ver el patrullero es una pesadilla. Nos da miedo estar presas, pasar frío, humillaciones, que te dejen tirada lejos, en la zona de la Alcaidía", dijo Greta y agregó que "con la Policía, si no arreglás con una coima y les das plata, o en algunos casos sexo oral, te suben al patrullero" .

La dirigente señaló que, de todas maneras, “cuando llegás a la Alcaidía te piden más plata o sexo oral a cambio de no registrarte las huellas. La Policía nos hace pasar muchos penares: si no nos violan en la calle, nos violan en los lugares de detención. Si te negás a lo que te piden te dejan detenida hasta el otro día a la tarde”, se quejó.
Además, denunció que “cuando no accedés a pagar con dinero o sexo te golpean entre varios, te esposan de pies y manos y te dejan así durante varias horas. Lamentablemente esto nunca lo podemos filmar porque en la requisa te quitan todo”.
“El mayor problema que tenemos es el artículo 114, que le da demasiado poder a la Policía”, cuestionó Greta y lamentó que “Salta es una de las pocas provincias que todavía no lo derogó. Nuestra situación mejoraría mucho si se derogara ese artículo”.
La dirigente reconoció que “recibimos ayuda del Gobierno, nos dan bolsones, preservativos en los hospitales, estamos organizadas a través de la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina (ATTA), pero los abusos policiales son algo a lo que todavía no le pudimos encontrar una solución. Ese artículo nos condena”.
“Hay zonas donde ni de día podemos salir a hacer las compras de las cosas que vamos a comer porque, si la Policía nos encuentra en la calle vestidas como mujeres, nos levanta en el patrullero y nos llevan detenidas con bolsas de compras incluidas”, se quejó. 
Sin embargo, Greta destaca que “hay algunos policías, son los menos, pero hay algunos que nos tratan bien, son los más jovencitos. Nos hablan de buena manera y nunca nos piden plata o sexo para no detenernos, pero de todas maneras nos obligan a retirarnos de la calle y nos impiden trabajar”.
“Los policías no están preparados para nosotras. Lo que ellos saben hacer bien es coimearnos, violarnos y golpearnos. Pero no para tratar con nosotras. Cuando nos hablan, ellos ven un macho... nos tratan con violencia”, lamentó. 
Al respecto, aseguró que “denunciamos muchas veces, pero no sé en qué quedan esas denuncias. Nunca nos llamaron a declarar o a un careo”.
“Supongo que quedan archivadas porque ellos mismos hacen el papeleo”, dijo. 
Finalmente, advirtió que cuando las detienen “nunca participa una mujer en el operativo, a pesar de que somos mujeres. La mayoría ya tenemos DNI nuevos e incluso muchas se operaron para cambiar de sexo, pero a nosotras nunca nos sirvió en Salta la identidad de género”. 

Ovejero: “La Policía actúa según los protocolos”

El accionar de la Policía ante la presencia de oferta de prostitución callejera fue explicado a El Tribuno por el secretario de Seguridad de la Provincia, Jorge Ovejero, quien defendió los procedimientos y puso a disposición información oficial al respecto. 
La prostitución que se ejerce en la vía pública “es una contravención que está prevista en el artículo 114 del Código Contravencional”, indicó en primer lugar Ovejero y continuó: “El tema se trabaja como una contravención más y, de hecho, existe un protocolo que está consensuado con el fiscal de la zona”. 
“Lo que se hace es proceder a la demora, luego la consulta con el fiscal, y se las lleva al centro de contraventores a las demoradas, sean personas trans o femeninas que ejercen la prostitución en las calles”, detalló. 
“Una vez demoradas en el centro de contraventores, se les hace un examen médico legal para ver su cuadro clínico general, que es una exigencia de la Constitución de Salta, y luego se procede nuevamente a la consulta y, generalmente, se dispone la identificación simple y se pone a la persona en libertad”, detalló el funcionario provincial.
Ovejero aclaró que “hasta ahí llega nuestro trabajo y, después, el acta contravencional la elevamos a la Fiscalía que define si le cobra una multa o le aplica algún otro tipo de sanción, ya que en el código contravencional hay varias sanciones previstas”.
El secretario de Seguridad explicó que en las zonas donde hay oferta sexual callejera “se trabaja en forma prácticamente diaria, porque tenemos lugares donde a las 4 o 5 de la tarde ya hay mujeres y trans ofreciendo sus servicios, y la estadística de este tipo de acciones es bastante alta”.
Aclaró además que la Policía recibe numerosas quejas por la prostitución en la vía pública: “Hay malestar no solo de vecinos sino de titulares de muchas instituciones como los colegios de la zona y el Hogar Escuela, cuya directora, si uno le pregunta, le va a comentar que hace un tiempo no se podía estar en la zona porque las exhibiciones delante de los chicos eran tremendas. Pero ahora eso cambió”. 
No obstante, Ovejero puso énfasis en que “nosotros no hacemos ninguna valoración ni tenemos postura ideológica, la contravención existe. Nosotros la constatamos y seguimos el protocolo, tal como lo seguimos en todas las otras contravenciones”.
Consultado en torno a las denuncias por abusos de las trabajadoras trans, manifestó que “en lo que va de este año tenemos registradas dos denuncias por agresión de dos personas trans contra personal policial y también de las efectivas, porque a estos procedimientos los hacen mujeres. Son denuncias recíprocas”, aseveró.
“No es posible que se produzcan abusos sexuales porque las demoras, traslados y proceso en que se labra el acta las hace personal femenino”, aseguró Ovejero, pero aclaró que, “cuando hay denuncias, se investigan”.
Finalmente, expuso que “en la mayoría de los casos que intervenimos y labramos las contravenciones (más de 1800 en 2017 y más de 750 en lo que va de este año), se trata de personas reincidentes”.
 

Fuente: El Tribuno