El gobernador de Salta, JUAN MANUEL URTUBEY, aclaró ayer por la mañana que “no cambié de opinión” y que siempre sostuvo que “una mujer no puede ir presa por abortar”. El mandatario salteño explicó que “no es lo mismo legalización que despenalización”.

En una entrevista publicada en Infobae, titulada "Lo primero que hay que hacer es despenalizar", el periodista Luis Novaresio dice textualmente que “el gobernador de Salta … sorprendió con sus declaraciones sobre el aborto”. Novaresio le preguntó: “Asumo su posición personal respecto de la despenalización del aborto contraria, creo no equivocarme. ¿Cómo está viviendo este debate?”.

La respuesta textual fue “A mí, personalmente, el debate me está enseñando muchísimo. El primer tema que hay que plantear es cómo buscamos la forma de despenalizar la situación de la mujer que es víctima en esta situación, no victimaria. Primer punto, correr a la mujer de la situación de vulnerabilidad, producto obviamente de la penalización. Creo que lo primero que tenemos que hacer es despenalizar. Tener un tipo penal que plantea una figura de prisión para una mujer es totalmente absurdo. Creo que es lo primero que hay que correr.  Después si nosotros lográramos corrernos del blanco o negro permanente, ese contraste permanente en la Argentina, y empezar a ver de qué manera podemos ir avanzando me parece que tendremos una evolución enorme…. Creo que hay que avanzar en una cuestión de salud pública”.

La posición pública adoptada por su hermano, el senador Rodolfo Urtubey, ya había sorprendido a los medios nacionales – que consideran que las opiniones de ambos son coincidentes -  cuando dijo que  “la amenaza de pena a una mujer que practica un aborto es una barbaridad” y que “esa amenaza de pena debería desaparecer del Código Penal”.

“Si hubiera un proyecto en ese sentido, el de suprimir la pena, votaría en ese sentido”, dijo Rodolfo Urtubey, aludiendo a la posibilidad de que la despenalización obtenga la media sanción de Diputados y llegue al Senado. Pero aclaró que “no está a favor del aborto legal y gratuito, que es la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados”.

El Código Penal vigente permite desde hace 96 años la realización del aborto si existen algunas causales determinadas: cuando hay peligro para la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación. Pero establece penas de hasta diez años de cárcel para todo otro tipo de interrupción voluntaria del embarazo.

A diferencia de la despenalización, la legalización del aborto garantizaría la cobertura de salud para las mujeres que interrumpan su embarazo. En cambio, la mera quita de la pena no legisla sobre los abortos clandestinos y deja a las mujeres sin posibilidad de realizarse estas prácticas de manera segura y gratuita.

La idea de despenalización debe precisar si son considerados “homicidas” los médicos, parteros o enfermeros que participen de la intervención abortiva.

El 10 de abril, en el primer día de audiencias en el Congreso por la despenalización del aborto, el gobernador Juan Manuel Urtubey se expresó sobre este tema y celebró que se haya iniciado la discusión pública. En el programa El Diario de Mariana, el mandatario señaló que está favor de la discusión pero consideró que “hay procesos intermedios”.

"Ninguna mujer puede ir presa por abortar"

"Ninguna mujer puede ir presa por abortar", enfatizó el mandatario e indicó que "lo que hay que terminar en Argentina es que de este tema no se habla”. Urtubey señaló en ese momento que hay toda una gama enorme de opciones sobre el aborto y expresó finalmente su postura sobre el tema: “Yo creo que hoy no estamos preparados para eso, hay que preservar la vida de la madre”, concluyó.

 “Es necesario discutir sin prejuicios. Hay que avanzar por el camino del protocolo del aborto no - punible. Hay mucho para trabajar allí. No es lo mismo no-punible que legalizado”, dijo días después  Juan Manuel Urtubey en Salta.

Ayer, ratificó su posición originaria, que despenaliza a la mujer pero discrepa del proyecto presentado por el kirchnerismo, donde se deja en la embarazada la decisión de solicitar el aborto y obliga al sistema de Salud Pública a brindárselo de acuerdo a la prestación médica de la paciente, en un hospital o con obra social. 

Fuente: El Tribuno