La sanción de la "Ley de solidaridad social y reactivación productiva", en el marco de la emergencia pública sancionada por el Congreso de la Nación, implica una mejora en la recaudación del Gobierno nacional en concepto de bienes personales e impuesto a las ganancias. Al ser recursos coparticipables, eso representa una buena noticia para las provincias en general y para Salta en particular.

De acuerdo con los primeros cálculos, y a grandes rasgos, la Provincia podría mejorar sus ingresos en este concepto en un estimativo que ronda los 1.500 millones de pesos.

Si bien la ley es conocida por el recargo del 30 por ciento sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios en el exterior y por el congelamiento de la movilidad jubilatoria (salvo para casos de jubilaciones de privilegio y docentes o científicos), también implica muchos otros aspectos.

La norma declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y delega facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.

En este marco, se resolvió aumentar en forma progresiva los impuestos de bienes personales y ganancias, ambos coparticipables.

A partir de la suba de bienes personales y gravando el doble a los fondos que están en el extranjero, se estima un valor coparticipable mucho más alto que el que Salta tenía hasta el consenso fiscal.

Las recientes medidas adoptadas por Nación implican un panorama con algunos aspectos favorables a la hora de hacerse de recursos para la provincia que, se estima, cerraría el 2019 con un superávit que ronda los 2.000 millones de pesos, de cara a un 2020 que será complejo en materia económica.

Suspensión del pacto fiscal

Los 1.500 millones de pesos extra que Salta recibiría a partir de esta medida del Gobierno nacional se suman a los 4.000 millones de pesos que la Provincia se ahorró al acordar con Nación el congelamiento del pacto fiscal, días antes del tratamiento de la ley de emergencia a nivel nacional.

Con la adhesión al consenso fiscal, las provincias se habían comprometido a reducir la presión impositiva de manera gradual hasta 2022, pero el contexto de crisis económica más la disminución de fondos coparticipables y subsidios dejó a las finanzas de los distritos en rojo y sin posibilidades de perder más recursos.

El congelamiento implica que para 2020 no se reducirá la carga de los impuestos provinciales por ingresos brutos y sellos que se le cobran a las actividades económicas como estaba previsto y se mantendrán las que están vigentes este año, lo que para Salta implica un ahorro de 4.000 millones de pesos.

¿Y la cooperadora?

En Salta ya no se recaudará cooperadora asistencial, un ítem que cesó en noviembre y que había sido creado por ley para ser íntegramente coparticipado a los municipios para que dieran respuesta a demandas sociales como copa de leche o situaciones de emergencia, como sepelios o provisión de medicamentos.

Si bien existe una adenda en el consenso fiscal que permitía que siguiera existiendo este ítem, en Salta ya no se recaudará por nómina, aunque se prevé trabajar en otras alternativas, de acuerdo a lo que se conoció.