TUCUMÁN.- Ocho profesionales tucumanos de postura “provida”, representados por el abogado Salvador del Carril, presentaron y ratificaron ayer una denuncia penal en contra de dos médicos y de una magistrada actuantes en el caso “Lucía”, como se identificó a la niña de 11 años que había quedado embarazada tras haber sido violada por un hombre de 65.

El sábado pasado falleció la neonata concebida 10 días antes producto de una cesárea a la que había sido sometida la víctima.

Los autores del planteo solicitaron una investigación por el presunto delito de homicidio calificado con dolo eventual. A su criterio, los médicos José Gijena y Cecilia Ousset debieron haberse representado las posibles consecuencias de dicha intervención. “Sabían que, con la evolución natural del embarazo, la persona por nacer tenía todas las posibilidades de sobrevida, y que la interrupción del embarazo en la semana 24 o 25 de gestación quitaba al nasciturus (el que va a nacer, en latín) toda chance”, indicaron María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Jorge Javier Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Alfredo Lezana, Angella Lorna Vittini y Ricardo Miguel Auad. Afirmaron que se trató de una “cesárea prematura”. Además, requirieron una investigación contra la defensora de Menores N° 3, Adriana Mónica Romano Mazzone, por los presuntos delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su entender, omitió representar los derechos de la neonata.

Se le practicó una cesárea a la niña de 11 años que sufrió un abuso sexual

El escrito ingresó ayer a la Fiscalía Especializada en Homicidios N° 1 de la Capital, que está a cargo de la fiscala Adriana Giannoni. El expediente fue enviado a la Fiscalía N° 2 de ese fuero, que está acéfala y es subrogada por la propia Giannoni.

“Los hechos se inician con un presunto abuso sexual en el cual, según trascendió, habría sido víctima la niña (su nombre se mantiene en reserva por motivos legales, aunque figura en la denuncia), de 11 años, quien como consecuencia del aberrante hecho, queda embarazada”, indicaron los profesionales. Agregaron que Giannoni, al tomar conocimiento de la situación, remitió un oficio al defensor de Menores de turno “para que represente al niño por nacer”, y que esa persona “resultó ser la denunciada Romano Mazzone”. Según este relato, luego “los padres de la menor habrían manifestado su voluntad de interrumpir el embarazo, que al 22 de febrero de 2019 contaba con 23,6 semanas de gestación”. Aseveraron que los profesionales del Hospital Eva Perón “no quisieron realizar la cesárea prematura”, dado que ponía en riesgo a la víctima y “a la persona por nacer”. Así, indicaron, el Siprosa contrató a Gijena y Ousset para llevar a cabo el procedimiento.

“La interrupción legal del embarazo (ILE) no se encuentra legislada en Argentina, sino que es el nombre que se le da a un protocolo para efectuar las prácticas de aborto no punible. Nunca la interrupción injustificada de un embarazo resulta legal, y mucho menos si con ella se causa la muerte de la persona nacida y/o de la puérpera”, aseveraron.

El Código Penal permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”. En 2012, a través del fallo “FAL”, la Corte de la Nación sentenció que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible, sin necesidad de autorización judicial previa y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal.

Mockevich afirmó a LA GACETA que en Tucumán la ILE no está vigente. “No existe protocolo”, advirtió. Y aseguró que el planteo “no busca amedrentar a nadie”. “La Constitución provincial ordena en su Preámbulo el respeto a la vida desde la concepción. Esto es para pedir justicia en un caso concreto”, aseveró.