La Cámara de Diputados sancionó ayer la ley que faculta a la Dirección General de Rentas a controlar y sancionar la venta de cigarrillos de fabricación clandestina y que ingresan de contrabando a la provincia.

El tráfico ilícito y la fabricación clandestina hizo crecer de manera grosera el comercio ilegal de cigarrillos durante la parte estricta de la cuarentena por COVID-19, etapa en la que se llegó a cobrar hasta 300 pesos por un paquete de marca desconocida.

La ley sancionada ayer, que ahora pasó al Ejecutivo para la promulgación, fue aprobada con 43 votos favorables emitidos desde las bancadas oficialistas mayoritarias, pero hubo 3 en contra y 11 abstenciones.

Durante el debate, que fue muy extenso, se manifestaron bibliotecas jurídicas diferentes con respecto al contenido de la ley.

Diputados de la oposición consideraron que el proyecto se superpone con leyes nacionales y contiene "serios problemas de inconstitucionalidad", pero esta advertencia fue rechazada por diputados oficialistas y defendieron el contenido.

Punto de acuerdo

A pesar de la diferencia de posiciones jurídicas, hubo coincidencia mayoritaria en la necesidad de combatir el mercado negro del tabaco en la provincia.

En esta línea se puntualizó que la falta de controles de calidad es un aspecto esencial a tener en cuenta para la salud y que la evasión en el pago de tributos genera daño al fisco. Este último aspecto fue señalado como algo no menor porque repercute directamente en el sector tabacalero de la provincia, que genera miles de puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

La actividad del comercio ilegal representó el año pasado un daño que fue estimado en unos 1.300 millones de pesos.

En su intervención, el titular de la Cámara baja, Esteban Amat, explicó la importancia que tiene para Salta y para las demás provincias productoras la distribución de la recaudación a través del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Agregó que la ilegalidad desfinancia este fondo y señaló que las demás provincias productoras impulsarán una ley similar para combatir el comercio ilegal

Esteban Amat, que además es productor tabacalero y referente de la Cámara del Tabaco de Salta, puntualizó que el cigarrillo de contrabando no tributa nada, pero también dijo que hay pequeñas empresas que obtienen amparos de jueces para no tributar, situaciones que inciden de manera negativa.

Amat enfatizó que no se estaba debatiendo una carga adicional de impuesto y remarcó que el objetivo es ejercer control en los lugares donde se venden cigarrillos ilegales.

"Los kiosqueros obtienen jugosas ganancias con cigarrillos de contrabando; se compra a 30 pesos y se vende a 80; la evasión se puede combatir en los puntos de venta", sostuvo el legislador.

La ley faculta a la Dirección General de Rentas a controlar la procedencia y a sancionar la comercialización ilegal de cigarrillos en la provincia. Además, establece penalidades para los infractores como decomisos, multas y clausura del local por plazos de 30, 90 o 120 días.

Sin justificación de procedencia

El proyecto que convirtió en ley ayer la Cámara de Diputados considera como cigarrillo ilegal a aquel que no cuente con justificación de procedencia, contenga estampillas falsificadas o haya sido fabricado en violación a la ley de patentes y marcas.
Quienes realicen manufacturas de producción de tabaco picado o en hebras deberán inscribirse en Rentas y declarar justo título de la maquinaria utilizada en la línea de producción del producto.
La Dirección de Rentas elaborará un registro de infractores, el que será de público acceso mediante una página web que se creará al efecto.
Los productores de tabaco a nivel provincial vienen advirtiendo sobre el aumento del comercio ilegal desde hace meses.
La pandemia causada por el COVID-19 y el consecuente aislamiento social obligatorio conllevaron a una escasez de cigarrillos en el mercado, ya que esta industria no está considerada entre las esenciales. Esta situación favoreció la circulación y comercialización de cigarrillos de origen ilegal.