La contaminación del río Arenales está en el fuero penal y avanza en la etapa testimonial. Vecinos exponen diferentes afecciones de salud ante la Fiscalía como prueba de la denuncia contra funcionarios públicos. Buscan inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por inacción a pesar de tener información oficial sobre la alarmante situación del afluente. Es la primera vez que se avanza contra representantes de organismos oficiales por delitos ambientales.
La denuncia fue presentada hace un mes. "Lo hacemos por contaminación ambiental e incumplimiento de los deberes de funcionario público", señaló el abogado de los vecinos denunciantes, Pedro Arancibia. La acusación se basa en que a pesar de que en diferentes oportunidades el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) advirtió sobre los altos niveles de contaminación, los funcionarios de las diferentes carteras no realizaron ninguna acción. "Estamos hablando de un organismo oficial que determinó en tres ocasiones la existencia de contaminación", destacó el abogado.
En marzo pasado, el CIF catalogó la situación de "alarmante" por los datos arrojados en los estudios bacteriológicos y de metales pesados. En aquella oportunidad el organismo advirtió que "la contaminación del río Arenales avanza hacia niveles que ponen en verdadero riesgo la salud de la población".
Enfermedades en la piel, en la visión y respiratorias son las principales pruebas que los vecinos presentan por estos días ante el fiscal. Aunque, Arancibia entiende que estos resultados oficiales demuestran que las consecuencias en la salud podrían ser aún más graves: "La existencia de metales pesados tiene la posibilidad de afectar a la salud de las personas y los animales. Y traer enfermedades con consecuencias fatales como cáncer y también de coliformes fecales producto de los desages cloacales y aguas servidas", destacó el letrado.
Las acusaciones tienen en la mira a organismos, pero no a funcionarios: Recursos Hídricos de la administración provincial, Medio Ambiente Municipal y Aguas del Norte. "El fiscal tendrá que establecer quiénes son los funcionarios que estaban al frente de estos organismos al momento de conocer la información del CIF", aclaró Arancibia.
Las sanciones que podrían caberle a los funcionarios van desde la prisión en suspenso, o una multa y además una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este último, la imposibilidad de estar en frente de un organismo público, es el objetivo de los vecinos.
El defensor de los vecinos, resaltó que, por lo inédito de las acusaciones, el proceso judicial avanza de a poco: "Es inédito si sucediera esto en casos ambientales. Por eso mucho fiscales no saben qué hacer. Cito jurisprudencia en otras partes del país y del mundo y recién se animan un poco a entrar en el tema", y agregó que la inhabilitación en cargos públicos solo "sucedió en poco casos, pero ninguno ambiental".
La acusación se basa en el artículo 205 del Código Penal, que además del delito doloso, prevé que la contaminación del agua sea considerado un delito culposo.
En el 2011 vecinos de diferentes barrios linderos a la vera del río presentaron un amparo ambiental por las inundaciones sufridas. Denunciaron la inacción de los organismos oficiales, y pidieron acciones para el saneamiento del río y evitar el contacto con las aguas.
Fuente: El Tribuno
