Con denuncias y procesos legales a lo largo y a lo ancho del país, la sucursal Salta de Remax no escapa a una operatoria que sufrió en todo el país diversos reveses judiciales, tales como clausuras, cancelaciones de matrículas, entre otros.

Andrea Ramonot, secretaria general del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (Cucis), es una de las impulsoras de los controles que se van a realizar sobre las inmobiliarias locales, puesto que las denuncias abundan. “Una inmobiliaria habilitada tiene que tener un corredor inmobiliario matriculado en el colegio, sino no tiene derecho a percibir honorarios. Vamos a clausurar a todos aquellos que estén trabajando fuera de la ley”, anunció.

Y en ese sentido, Remax es la que más denuncias recibe de parte de los salteños por sus operatorias y modalidades que serían poco claras según consta en las denuncias. Serían más de 50 los reclamos contra Remax en Salta, algo que se repite a lo largo del país.
 

Operaciones indebidas

Para funcionar una inmobiliaria en nuestro país, según lo establece la Ley Nacional, la N° 20.266, es necesario ser martillero universitario y cumplir una serie de condiciones, entre ellas, poseer un certificado habilitante en todo el territorio del país.

La norma establece que no se puede prestar la firma ni tampoco trabajar bajo una franquicia. Esto lo establece en el capítulo IX de esa Ley, referida a Prohibiciones. Dice claramente que la Cesión de bandera está prohibida, y refiere a "ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a que pertenezca, se efectúen remates por personas no matriculadas". 

En Salta, el único corredor responsable de Remax es Pablo Castañeda, pero cuenta con una red de vendedores, más de 40, que no estarían habilitados. Es decir bajo su firma, operarían más de 40 vendedores que copan el mercado, afectando a otras inmobiliarias por ejercer una competencia desleal.

Castañeda sería quien firma a nombre de a todos los que trabajan en la franquicia y ello motiva la queja de otros martilleros y corredores públicos, así como de clientes del sector inmobiliario, que no serían bien asesorados o resultarían engañados en su buena fe por simples vendedores que no poseen una matrícula habilitante ni los conocimientos necesarios.

Fuente: Informate Salta