La crisis económica que atraviesa el país empuja a los políticos a proponer medidas extremas. Ayer se conoció que en Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal (PRO) busca que se expulse a los presos extranjeros. En esa provincia, el 5,1% de los cárceles está ocupada por personas nacidas en otro país.

En Salta, el porcentaje de detenidos en las cárceles es ínfimo. Pero el porcentaje sí es notable en la cárcel Federal, ubicada en General Güemes: tiene una capacidad para 544 detenidos, de los cuales 204 son extranjeros. Es decir que el 37.5% de los presos son extranjeros.

Un detalle no menor y que modifica la forma de evaluar los resultados: solo 4 de cada 10 presos en cárceles federales del país tiene condena firme.

De acuerdo con del Informe Anual de 2017, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la cantidad de presos en las cárceles dependientes del Estado nacional ascendía a 11.861 y sólo el 43% contaba con una condena firme.

Otros proyectos

En 2014, el entonces diputado nacional Bernardo Biella presentó un proyecto de reforma de la ley de inmigración, para frenar el ingreso de extranjeros que tuvieran prontuario.

Concretamente el proyecto apuntaba a que los extranjeros debiera presentar antecedentes penales antes de ingresar al país y, de tenerlos, no se les debería permitir el paso. En ese momento Biella manifestó a LA GACETA que esta medida se debe a que el mismo Ministro de Seguridad de la Nación dijo que el 20% de todos los delitos en la Argentina están realizados por inmigrantes.

Pero en la cárcel común de Salta, en ese momento los datos del Servicio Penitenciario señalaban que de los 1.913 detenidos, 1.886 son argentinos. La escasa población extranjera está compuesta por: 21 bolivianos, dos brasileros, dos chilenos, un paraguayo, un uruguayo y hay un detenido cuya nacionalidad no fue precisada. El porcentaje de autores de delitos comunes no cambió tanto.