El pedido de demolición entró a la dirección a cargo de la arquitecta Laura Accietto Velarde, quien fue suspendida. Según dijo, ella mandó a hacer la inspección con la documentación pertinente y luego otorgó el permiso de demolición.

Desde la Copaups dijeron que se enteraron de la demolición por el reclamo de un arquitecto que en otra ocasión no obtuvo el permiso para hacerlo.

Aseguran que nadie pidió autorización para tirar abajo la casa y se iniciarán acciones penales contra los profesionales y el propietario, que sabían que incumplían la ley N§ 7.418. 

La pasada se demolió una casa céntrica que estaba protegida por ser un bien patrimonial. El inmueble estaba situado en la calle 20 de Febrero 482, entre Leguizamón y Santiago del Estero, da a conocer hoy El Tribuno.

Por este hecho, el Gobierno de la Ciudad suspendió a una directora general que firmó el pedido de demolición e inició sumario administrativo a un inspector que estuvo a cargo del trámite. 

Desde la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de la Provincia de Salta (Copaups) evalúan iniciar acciones penales contra el propietario y los profesionales que incumplieron la ley N§ 7.418. Esta norma obliga a consultar al organismo y a obtener su autorización para hacer alguna modificación en un inmueble protegido. Desde el organismo advirtieron, además, que se habrían fraguado documentos.

Pedido de larga data

A partir de 2012, se rechazaron cinco pedidos de demolición de esta casa. Días atrás, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus, se volvió a presentar el expediente, que, según dijeron desde la comuna, "no estaba completo": "La casa tenía protección de la Copaups y no lo declararon".

Desde el municipio reconocieron que hubo un error propio y aseguraron que actuaron rápido. Además de sancionar a los funcionarios responsables, desde el área de Legales pidieron al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (Copaipa) que investigue el asunto y a los profesionales del sector privado que intervinieron.

Advirtieron que hay responsabilidades compartidas, porque el dueño de la casa sabía que la propiedad estaba protegida.

"El expediente entró un día. Al día siguiente, hicieron la inspección y al día siguiente estaba demolido", relató. La destrucción habría sido el jueves entre la tarde y la noche.

Angulo pidió colaboración a la Copaups, al Copaipa y al Colegio de Arquitectos de Salta (CAS) por la responsabilidad compartida: "Los profesionales sabían el valor".

Desde la Copaups buscarán evitar que avancen obras en el predio y obligar al propietario a restituir el inmueble. Si bien no se recuperará el valor patrimonial, el dueño deberá reconstruir la fachada, como mínimo.