La organización ecologista Greenpeace denunció que en los últimos tres meses, entre junio y agosto, se desmontaron ilegalmente más de 700 hectáreas de bosques nativos de Salta. Desde el Gobierno de la provincia confirmaron la deforestación ilegal, pero discreparon en la cantidad de hectáreas: “son cerca de 500 ha”, dijo a LA GACETA el secretario de Ambiente, José Cornejo Coll.

Según informó la ONG internacional se detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. taló bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Además indicó que los responsables son la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito,también directivos del Banco Macro.

Al respecto, el funcionario ratificó la información de las fincas y sus responsables, pero advirtió que fue la misma empresa la que admitió que “cometió un error” y presentó un plan de remediación y restauración.  “No surgió a partir de la denuncia de Greenpeace”, acotó.

“Ellos (por la empresa) se presentaron y avisaron hace dos meses”, dijo el secretario, quien además contó que se está evaluando el proyecto de remediación ambiental, el cual demandará el monitoreo de aproximadamente 15 años, un tiempo en el que se estima podrá regenerarse los bosques.  

“Son tres fincas distintas que estaban habilitadas en ciertas partes y cuando estaban haciendo tareas de limpieza se pasaron a otros lotes… En teoría, las maquinitas se desfasaron en lo que tenían que hacer y ellos se presentaron para remediar, a diferencia de otras que hacen desmontes ilegales con fines productivos”, justificó Cornejo Coll.

Estas hectáreas de monte salteño están clasificadas en las categorías I y II (rojo y amarillo), que no permiten desmontes según la legislación nacional. Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los corredores ecológicos para el Chaco argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Por su parte, Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, dijo: “somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen”.

De esta manera, ONG denunció públicamente que, a pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos.

Cabe recordar que el ex Ministerio de Ambiente de la Nación resolvió, en enero de este año, declarar ilegales a 32 permisos otorgados por la provincia para deforestar áreas protegidas y la instó a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.

En consecuencia, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta dispuso, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.

En tanto, el secretario de Ambiente de la provincia aseguró que se siguen realizando tareas de montero en la provincia y que, más allá de las multas económicas, “los importante es empezar a restaurar” los bosques.