El 37,5% de la población de nuestro país tiene alguna necesidad que la ubica en la pobreza. Así de contundente y devastadora es la conclusión del último informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA). “Este estudio no reemplaza sino que amplía el informe de pobreza de diciembre introduciendo datos de pobreza multidimensional fundados en un enfoque de derechos”, consignaron a este medio desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA).
El relevamiento se hizo en 5.760 hogares de todo el país. En el informe al que tuvo acceso PERFIL, se midió la pobreza teniendo en cuenta derechos sociales y económicos además de los ingresos corrientes de los hogares, la medida en la que se basa el INDEC al elaborar sus estadísticas. De ese modo, se analizaron las dimensiones de Alimentación y salud; Servicios Básicos; Vivienda digna; Medio Ambiente; Accesos Educativos y Empleo y Seguridad Social. Esto arrojó que en más de un tercio de los hogares argentinos hay algún tipo de carencia.
El documento precisó que los hogares bajo condición de pobreza por ingresos y carencias no monetarias experimentaron un importante descenso en el año 2011 para seguir una tendencia levemente ascendente hacia 2015. En 2016 (con la excepción del año 2017) se incrementó la pobreza multidimensional que alcanzó al 37,5% de la población en el año 2019, lo que representa 15.750.000 personas.
El estudio detectó un deterioro, claramente marcado a partir del año 2016 en las dimensiones alimentación y salud y en el acceso al empleo y la seguridad social, aspectos ligados de manera más directa a los ciclos económicos.
Esto supone un aumento de un 8% desde 2010. En 2018, este indicador afectó a un 31,4% de la población. Es decir, que en el último año se sumaron 1.428.000 personas. “Esta evolución se explica en gran medida por el deterioro que experimentaron en esta última etapa los ingresos reales de los hogares, como así también el impacto que tuvo en dimensiones clave como el acceso a la alimentación y a la salud y el acceso al empleo y la seguridad social. A nivel general estas dinámicas no permiten apreciar mejoras que tuvieron lugar en dimensiones puntuales de manera más o menos sostenida desde el año 2010”, se argumentó desde el ODSA.
El estudio detectó un deterioro, claramente marcado a partir del año 2016 en las dimensiones alimentación y salud y en el acceso al empleo y la seguridad social, aspectos ligados de manera más directa a los ciclos económicos. El relevamiento determinó que la inseguridad alimentaria (que contempla la reducción involuntaria de consumo de comida o de vivir experiencias de hambre) pasó del 28,2% en el 2018 al 32,2% de la población en el 2019. “Esta evolución se explica desde 2016 por las dificultades para el acceso a medicamentos y a atención médica y desde 2018 por el incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y descenso del consumo en términos generales”, amplió el relevamiento.
“En 2019 el 65% de los hogares presentaban carencia en al menos una dimensión (3pp. menos que en 2010), el 44% experimentaban privación en dos o más de los aspectos considerados (2,5pp. menos que en 2010), mientras que el 27,6% se veía afectado en 3 o más de las dimensiones de derechos consideradas (3,2pp menos que en 2019)”, indicó el informe. Cabe destacar que las distintas dimensiones de derechos tuvieron una evolución dispar. Se observaron mejoras en el acceso a servicios básicos de la vivienda y una evolución favorable en relación con el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente saludable.
