La realidad de muchos salteños se ve reflejada en un artículo publicado por el diario El País, de España.
En la nota escrita por Pablo Linde se hace hincapié en el abismo que hay entre el Estado y las comunidades autoctónas del norte salteño; también menciona la lucha por acortar esa distancia.
“En el Chaco salteño la pobreza es tal que algunos de sus habitantes ni siquiera saben usar el dinero”, comienza el artículo. Y continúa: “Desperdigadas por sus 25.000 kilómetros cuadrados —algo más grande que la Comunidad Valenciana— viven 35.000 personas —menos que en Denia— de 13 etnias. La mayoría son indígenas wichí, que han visto cómo a lo largo de los años el ecosistema en el que cazaban y recolectaban iba siendo devorado por los cultivos intensivos. Sin ocupación ni forma de ganarse la vida, muchas familias subsisten únicamente con las ayudas del Gobierno argentino, pero en ocasiones residen en zonas tan aisladas que ni estas les llegan”.
El periodista del diario más prestigioso de España ahonda en la distancia, que es tanto física como simbólica. “Para llegar a La Unión, uno de sus pueblos, son necesarias seis horas de coche desde Salta, la capital de la provincia; tres de ellas por caminos de tierra. Y, una vez allí, harán falta otras tantas para acceder a las poblaciones más aisladas. Siempre que las lluvias lo permitan. Es un lugar donde el suelo está la mayor parte del tiempo agrietado por la sequía y las precipitaciones inundan y arrasan todo en los meses húmedos, así que no siempre se puede llegar a ellos sin un helicóptero”.
Después narra cómo el Anses, Unicef , el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Primera Infancia de la provincia de Salta intentan acercar la burocracia al lugar. “Acuden para regularizar, prorrogar u otorgar distintos subsidios que el Gobierno concede, ya sea la pensión, becas de estudios o la Asignación Universal por Hijo (AUH), un salario de unos 1.500 pesos (unos 60 euros) por niño que se otorga a las familias más desfavorecidas a cambio de que justifiquen que cursan sus estudios y están al día en revisiones médicas y vacunas. La misión incluye buscar a aquellos que ni siquiera la reciben, a menudo porque sus padres desconocen su existencia, no la comprenden del todo o no saben desenvolverse con el papeleo”, se puede leer en el artículo.
Para el periodista no pasó desapercibida la forma en que las comunidades se organizan. La forma en que la mujer está relegada de los lugares de decisión. “En la reunión de los representantes del Estado con la comunidad, por parte de los pueblos originarios solo se sientan los hombres. Ellas aguardan de pie a unos metros o hacen cola en la mesa donde les atenderán para tramitar la burocracia. La mayoría se ha enterado por la radio de que en el centro del pueblo se van a hacer estas gestiones. Marcela Puertas, de 22 años, acude con una bolsa de plástico que lleva dentro unos papeles arrugados. Son todos los documentos oficiales que tiene, desde las partidas de nacimiento de sus críos hasta los certificados de vacunación. Habla a un volumen tan bajo que casi no se la entiende y no mira a la cara del interlocutor, igual que sucede con todas las entrevistadas. No domina demasiado bien el castellano ya que tiene como lengua materna el wichí, que no es hablada ni entendida por ninguno de los trabajadores que acude en la expedición. Está en la cola porque todavía no ha comenzado a recibir la asignación por su hijo pequeño, que ya tiene 11 meses. Explica que ni ella ni su marido trabajan y que los 4.500 pesos (unos 180 euros) que cobran mensualmente por sus cuatro críos es el único ingreso que reciben. Esto es muy común en la zona y absolutamente mayoritario entre una docena de personas preguntadas aleatoriamente: la AUH, con suerte acompañada de algún trabajo esporádico, es el único dinero que entra en casa”.
También hay una entrevista a Viviana Gallardo, que lleva trabajando más de 15 años con comunidades en el Chaco. Ella dijo que lo que el Estado les otorga “no son subsidios”, sino “derechos”. “Ellos tenían su supermercado en el monte y hemos terminado con él, así que tuvieron que cambiar su economía. El problema es que les falta una educación para saber qué es el dinero y cómo gastarlo. Además, tenerlo no es una garantía contra la desnutrición. Hay algunos que viven en el campo, sin ni siquiera documentos, que están mejor nutridos que otros que han copiado nuestras malas costumbres, como beber gaseosas y productos industriales que no alimentan”, explica.
El periodista remarca que los chicos más marginados, los de las comunidades más desfavorecidas, como los wichís del Chaco salteño, no reciben una herencia económica de sus padres, porque nada tienen que legarles. “Pero sí heredan la falta de sueños y expectativas”, declaró el ministro de Primera Infancia, Carlos Abeleira.
Fuente: La Gaceta
