Daniel Solano era oriundo de Tartagal. Tenía 27 años cuando decidió viajar a Río Negro en busca de trabajo por la temporada. Allí cosechaba manzanas. En noviembre del año 2011 participó de un reclamo laboral y desapareció.

La Justicia ordenó se haga la perforación de un pozo en la estancia La Manuela, a 27 kilómetros de Choele Choel, donde habrían tirado el cuerpo, según testigos.

Para la familia Solano fue un secuestro y aseguran que “hay una red mafiosa que involucraría a policías, empresarios y funcionarios del Poder Judicial”, según afirma el diario La Nación.

Desde entonces, el padre del hombre desaparecido, Gualberto Solano vive en una carpa al frente del juzgado de Choele Choel y hace todo lo posible para reclamar justicia.

A mediados de septiembre de 2011, Daniel fue contratado por una empresa que prestaba servicios a la multinacional belga Expofrut SA.

El viernes 4 de noviembre Daniel cobró su sueldo pero protestó porque en su recibo figuraba un monto más alto. Les comentó esto a sus compañeros, quienes aseguraron que “siempre era igual”. Entonces prometió que el lunes siguiente iría ante los jefes a reclamar.

Uno de los querellantes en el juicio contra siete policías de Choele Choel, Sergio Heredia, dijo que "ese viernes a la noche Daniel fue a bailar al boliche Macuba; un grupo de policías lo arrastró hasta la calle, lo subió a golpes a una camioneta Ford Ecosport de la comisaría, lo llevaron hasta la isla 92 (un balneario de la zona) y lo mataron. Solano fue asesinado porque su reclamo hubiese provocado un efecto dominó. La mayoría de los trabajadores pertenecen a comunidades indígenas y son analfabetos, pero Daniel tenía estudios secundarios y era capaz de organizar una protesta".

En octubre del año pasado se autorizó a inspeccionar la estancia La Manuela, lugar señalado por un testigo de identidad reservada que aseguró que el cuerpo de Daniel fue arrojado en un pozo de agua “de más de 80 metros”. El juez Julio Martínez Vivot y el fiscal Guillermo Bodratto se negaron por “razones de seguridad”.

El trabajo de inspección se cotizó en $2.700.000. La gobernación de Río Negro aportó un millón pero hasta ahora sólo pagó la mitad. El resto corrió por cuenta de la familia Solano.

"Yo tuve que llevar herramientas que valen 40.000 pesos. Los antropólogos que trajimos desde Buenos Aires los pagamos nosotros. Los vehículos y los alojamientos, también. Es insólito; demuestra que en Río Negro hay una Justicia privatizada", afirmó Heredia.

Hasta ahora, los resultados no fueron alentadores. Durante el descenso en el séptimo día de trabajo, se comprobó que el fondo del pozo está cubierto de cemento. "El pozo fue adulterado; no está en las mismas condiciones de la inspección anterior (hecha por la Gendarmería en 2015). Esto revela que haber impedido el descenso en estos años ayudó a mantener el manto de impunidad sobre los responsables del asesinato y desaparición de Daniel", señala otro de los querellantes en la causa, Leandro Aparicio.

Los querellantes también señalan que en los últimos años la empresa cambió de nombre tres veces. El último, Servicios Agrarios SA, se declaró en concurso y abandonó la zona.

En tanto, el padre de Daniel, no pierde las esperanzas. Dice que a su hijo "lo envolvieron en cemento", pero que eso no lo detendrá de cumplir con la misión que se impuso: "A mi chango lo voy a encontrar y lo voy a llevar a descansar a su tierra", sentenció.

Fuente: La Gaceta