Tamara Gonza es una joven mamá que vive en Juan Manuel de Rosas "al fondo" y espera que su vida cambie. El miércoles el Congreso convirtió en ley un proyecto que declara de "utilidad pública" y sujetas a expropiación las tierras en las que se asientan villas y asentamientos, lo que acerca a familias como la de Tamara al sueño de ser propietarias legales de sus casas y tener servicios tan básicos como el agua y la energía en sus barrios.

Con 27 años y cinco hijos de entre 10 años y 7 meses, Tamara reside en la zona norte desde hace 4 años. Antes alquilaba una casita en el barrio San Benito, al sudeste, hasta que se le venció el contrato. "Como mi marido tiene a su padre viviendo aquí, nos enteramos de que la gente estaba agarrando terrenos, antes del río, y nos vinimos. Desde ese día nos quedamos", relató.

En el terreno donde reside la familia hay una habitación precaria de bloques y techo de chapas. Al fondo, una casilla de madera construida por la ONG Techo hace unos años sirve de cocina y comedor.

En Juan Manuel de Rosas, los cables de conexiones precarias de luz cruzan desde un extremo a otro de las calles, que están colmadas de piedras y pozos con agua estancada y barro. En cada vivienda hay una manguera negra conectada a un grifo de la calle, la única forma de abastecerse de agua.

"Un vecino nos pasa luz pero siempre tenemos problemas porque los camiones se llevan puestos los cables y se corta", contó.

En la casa de Tamara los cables están pegados con cinta aisladora negra en varios sectores. "Yo vigilo todo el tiempo a mis hijos. Una porque los camiones pasan a toda hora por la calle angostita y también por los cables. Ellos saben que no tienen que acercarse ni un poquito", recalcó.

Los chicos van hasta la manguera cada vez que tienen sed. "Tenemos agua porque estamos conectados con esta manguera. El agua viene de Vaqueros. No tenemos cloacas sino pozos, tampoco gas", contó.

Su esposo es pintor. Ella cobra la asignación universal. "Me la pagan pero no alcanza porque uno paga las cuentas y se queda sin darles a los chicos las cosas que necesitan. Mis dos hijos mayores van al Hogar Escuela y a los demás los llevo todos los días al comedor de Lugones, que queda a dos barrios. Les dan sopa y un plato de milanesa con arroz", sostuvo.

Tamara contó que "algo sabía" sobre la nueva ley. "Hace un tiempo nos vinieron a hacer un censo. Me parece muy bueno que nos den un certificado. Me gustaría vivir en un barrio que tenga pavimento, luz, cloacas y agua potable", se esperanzó.

La Cerámica se inició como asentamiento unos 12 años atrás y fue creciendo hasta ser un barrio pero aún no hay planos aprobados y sus habitantes no cuentan con el servicio de agua potable. Las tierras son arcillosas y hay muy pocos árboles. En las épocas de lluvia, las calles se tornan intransitables por los zanjones que se forman.

Elsa Ramos, de 56 años, reside desde hace 10 en una humilde vivienda de la manzana H con su hija, su esposo y seis nietos. "Yo vivía en la casa de mi padre, con mis hijos, en Obispo Romero pero él la vendió y no teníamos donde ir. En ese momento me comentaron que acá había terrenos y por suma necesidad nos instalamos porque si uno espera que le den un lugar, eso es muy difícil", contó Elsa.

"No tenemos agua. Entre todos los vecinos compramos mangueras y el agua viene de afuera. La tirada se hace desde una empresa grande que está cerca. En el verano siempre sale poca agua. No tenemos cloacas. En garrafas gastamos mucha plata. Sale 220 y nos dura 20 días", agregó.

"Hace años, de Tierra y Hábitat nos dieron un papel en el que figura el grupo familiar por casa pero no pueden darnos el definitivo porque no están los planos. Fui hace poco a las oficinas y me dijeron que todavía no están y que vendrían a hacer un censo para constatar quienes están habitando. Luego de esa aprobación podrían formalizarnos servicios", finalizó la mujer.

La nueva ley alcanza a unos 145 asentamientos de la provincia 

La norma cambiaría la realidad de unas 20.000 familias de barrios informales. 

Unos 145 barrios populares serán los beneficiados por la nueva ley de integración sociourbana, que aprobó el Congreso, en la provincia de Salta. De este total, 46 están situados en la capital, según datos proporcionados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Aproximadamente 20.000 familias que viven en estos barrios informales. 

“Este programa empezó hace tres años gracias a la propuesta de organizaciones sociales que se juntaron y la llevaron al Estado nacional. Entre ellas están Techo, Cáritas, Ctep, Barrios de Pie y la CCC. Empezamos relevando todas las villas, asentamientos y barrios populares del país”, contó la coordinadora de Renabap, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ana Saleme. 

Luego se dictó el decreto 358/17, que crea el certificado de vivienda familiar. “A partir de julio del año pasado estamos trabajando junto a la Anses en encuestar a cada una de las familias que viven en los barrios y entregar estos certificados”, explicó Saleme. 

El certificado es un reconocimiento del Estado nacional a la familia que vive en el terreno. Sirve para todo tipo de trámites, como el DNI, monotributo y cuil. Además, consta en el decreto que es un instrumento suficiente para solicitar la conexión del servicio público de manera regular. “Esto fue un paso enorme”, recalcó Saleme. 

El punto fundamental de la ley es que declara a las tierras de los barrios relevados de utilidad pública, sujetas a expropiación. 

“Esto quiere decir que si bien es un camino larguísimo el que falta, el Estado nacional a partir de esta ley va a expropiar en un futuro todas estas tierras para después poder entregárselas a cada una de las familias que viven en ellas”, puntualizó. 

Los barrios beneficiados 

Algunos de los barrios populares beneficiados serán Floresta, Juan Manuel de Rosas, La Cerámica, Solís Pizarro, El Cambio, El Paraíso, Nueva Esperanza, Ampliación 20 de Junio, Tinkunaku, Sanidad II. 

Javier Saldaño, director Techo en Salta, calificó a la jornada del miércoles como “histórica para los barrios populares”. “La ley de integración sociourbana beneficiará a más de 4.000 barrios a lo largo del país. Para nosotros es una alegría enorme”, manifestó.

Saldaño destacó que, a través de la ley, los vecinos tendrán seguridad en su tenencia. “Además, la ley busca facilitar la conexión a los servicios públicos y también suspende los desalojos por un plazo de cuatro años”, indicó. 

Esenciales

Los servicios básicos como agua, luz, gas, cloacas son fundamentales para el desarrollo de la vida. En los barrios populares los vecinos acceden de forma irregular, mediante conexiones clandestinas. “Esto los expone a riesgos tremendos”, enfatizó Saldaño. 

En agosto, en barrio La Ciénaga, José Chinchiyam, de dos años, murió calcinado cuando se incendió su casa. Vivía en una habitación de lona, madera y chapas. Una vela habría provocado el fuego.

En junio de 2016, en barrio La Cerámica, Pamela Argañaraz, de 21 años, murió electrocutada al querer enchufar un cable de su precaria vivienda, mientras trabajaba en la construcción de una nueva casa junto a voluntarios de Techo.

“Los vecinos y vecinas de barrios populares están expuestos a riesgos de electrocución e incendios por tener de forma irregular el servicio de luz. También están expuestos a enfermedades por no tener agua potable y ni hablar de lo que implica el riesgo sanitario de un pozo ciego en mala condiciones”, dijo Saldaño. 

Los servicios públicos “son la prioridad y a través de la ley se da un gran primer paso, histórico pero, sin dudas, queda mucho camino por recorrer y todos los sectores, incluidas las organizaciones sociales, tenemos que trabajar de forma articulada”, finalizó.