Hoy ingresará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que la Iglesia Católica pague impuestos por los más de 200 inmuebles que tiene en la provincia de Salta, según datos oficiales. Los diputados Claudio del Plá y Arturo Borelli, del Partido Obrero (PO), presentaron ayer su iniciativa a la prensa, en el marco de la Campaña Nacional por un Estado Laico.
La propuesta apunta a modificar los artículos 126 y 275 del Código Fiscal Provincial, que no permiten al Estado cobrar impuestos inmobiliarios -urbano y rural- ni sellos sobre los bienes de la Iglesia Católica.
De acuerdo con un informe que expidió la Dirección de Inmuebles de la Provincia, a pedido de los diputados provinciales, esta institución posee 215 inmuebles, "entre los que hay casi 400 hectáreas rurales y un número muy alto de muchos miles de metros cuadrados cubiertos y de propiedades de altísimo valor inmobiliario", dijo Del Plá.
Si bien no saben cuánto dinero debería tributar la Iglesia por estos bienes, advirtieron que "el valor fiscal está totalmente subvaluado". "Ellos declaran valor fiscal por 9 millones y, en realidad, a valor del mercado, la suma de esas propiedades llega a los 14 mil millones", observó Borelli, y consideró que eso debería reevaluarse antes de empezar a cobrar.
"Privilegios inadmisibles"
"No vamos a ser una sociedad democrática si no separamos primero Iglesia de Estado. Incluso, desde el punto de vista formal, Argentina es un Estado laico, no confesional", sostuvo Del Plá. "Una organización como la Iglesia, que representa a un Estado extranjero, el Vaticano, aparece con un conjunto de privilegios que son inadmisibles en una sociedad democrática", planteó.
El diputado aclaró que la gran mayoría de las propiedades de la Iglesia, que eran fiscales o expropiadas, fueron cedidas de manera gratuita por el Estado. "El último, el más importante de ellos, es el de Potrero de Linares. Más de 100 hectáreas de un altísimo valor inmobiliario, que fueron entregadas casi como un cheque en blanco", cuestionó sobre el predio donde funciona un centro de recuperación para hombres con adicción, en el que se les cobra para ingresar. "No sabemos qué tipo de tratamientos se les hace pero ese patrimonio ha pasado a la Iglesia", lamentó.
Del Plá reveló datos estimativos sobre la cantidad de propiedades que cedió el Estado provincial a la Iglesia Católica en las últimas décadas. Aseguró que, durante el gobierno de JUAN MANUEL URTUBEY, fueron 40 inmuebles. En el de Juan Carlos Romero, 35, y en la dictadura, 32. Opinó que los gobernantes consideran "natural" que la Iglesia goce de estos privilegios. El legislador cuestionó que en algunos predios de la Iglesia se desenvuelvan "actividades altamente lucrativas". "Uno de ellos es el de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), en el que se facturan sumas importantes y que tampoco paga impuestos. Es indudable, además, que esta institución con recursos del Estado -porque cuando uno no le cobra impuestos a alguien o le cede propiedades, está capitalizando- desenvuelve campañas como la que últimamente ha desarrollado contra la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que son francamente antidemocráticas", dijo.
Del Plá cuestionó también como un privilegio que la Ucasal tenga el "monopolio" de las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología. "Nosotros reclamamos desde hace mucho que estas carreras estén en la universidad pública", señaló.
Educación subsidiada
El legislador consideró que otro privilegio de la Iglesia es el subsidio a la educación privada, conformada en un 80% por instituciones confesionales. Contó que el último año se destinaron a esta actividad 700 millones de pesos del presupuesto de la educación pública. "Eso hay que revisarlo porque hay colegios que cobran cuotas altísimas y tienen un subsidio del 100% del sueldo de los docentes, por ejemplo, el colegio Belgrano", señaló.
"En una provincia en la que tenemos los niveles de pobreza que tenemos, con muertes por hambre todavía y con una institución que la semana pasada presentó su preocupación por salvar las dos vidas, un aporte muy importante sería que empezaran a pagar impuestos", cerró.
"Escenario propicio"
El diputado Borelli observó que hay un "escenario propicio" para presentar este proyecto de ley: "Ahora la gente percibe lo nocivo que es tener a un (Abel) Albino, financiado por el Estado, para que diga que el preservativo no sirve o a una Iglesia organizándose para ir en contra de un derecho popular, ya sea el aborto, el matrimonio igualitario o el divorcio".
Sobre la dificultad de que este proyecto prospere en Diputados, Borelli dijo: "Cuando proponíamos derogar el (decreto) 1.170 y sacar la educación religiosa de las escuelas también parecía muy difícil. Sin embargo, la lucha de los padres y de la gente en general, la presión pública, consiguió lo que en un comienzo parecía difícil. Vamos a hacer lo mismo ahora", aseguró.
Batallas históricas
Claudio Del Plá dijo que el proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas “por las que el PO batalla desde un principio”. Contó que, tras el fin de la dictadura, en 1983, cuando el partido buscó su legalidad y en su plataforma planteó la separación de la Iglesia del Estado, un fiscal federal quiso impugnarlo. “En aquel momento le respondimos, con documentación contundente, cómo cualquier Estado democrático tiene a la Iglesia separada”, dijo. “Esto viene desde muy atrás. No hay una conspiración contra la Iglesia. Hay una causa por la cual hemos peleado toda la vida”, señaló. “Somos defensores de todos los cultos pero pensamos que es una cuestión privada y no tiene que ser subsidiada por el Estado”, aclaró Borelli.
Fuente: El Tribuno
