Con un decreto presidencial que se publicó ayer, se estatizaron 3.374 kilómetros de rutas nacionales que estaban concesionadas a empresas privadas que las operaban mediante peajes. Entre esos tramos quedaron los poco más de 200 kilómetros de la ruta 9/34 que atraviesa Salta desde el límite con Tucumán hasta Jujuy, 

De esa manera, el peaje de Cabeza Buey, ubicado entre Lumbreras y General Güemes, pasó a manos de la compañía estatal Corredores Viales, que está controlada en un 51% por la Secretaría de Transporte y en un 49% por Vialidad Nacional. Esa estación estaba a cargo de la firma Autovía Buenos Aires a los Andes, integrada por Rovella Carranza y José Cartellone Construcciones, que había tomado su control hace tres años (previamente pertenecía a Vial NOA).

La decisión del Gobierno nacional obedecería a la crítica situación económica del país, y la correlativa falta de interés de inversores privados. Nación se vio obligada a hacerse cargo de los corredores viales cuyas concesiones se habían vencido en 2016 y luego se fueron prorrogando con la idea de adjudicar esas rutas bajo el proyecto de Participación Público Privada (PPP) para construir autopistas que finalmente fracasó.  

El decreto firmado por Mauricio Macri establece que pasen al control del Estado diferentes tramos de las rutas nacionales 9 y 34 (en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); la 188 (provincia de Buenos Aires); la 19 (Santa Fe y Córdoba); la 12 (Corrientes y Misiones); la 16 (Corrientes y Chaco); la 8, entre las provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y de la 36, en Córdoba.

Los corredores que estaban adjudicados a Autovía Buenos Aires a los Andes son el 3 y el 7 y operaban con 180 empleados, a los cuales se les garantizan sus fuentes laborales, al igual que con el resto de las empresas que perdieron los peajes. La estatización de los corredores es hasta que se puedan licitar con un plazo máximo de cinco años.