A Gimena Álvarez la golpearon cerca del canal de la Esteco. Cuatro hombres la atacaron y luego de sacarle el celular y la plata, la empujaron para que cayera dentro del canal. Murió, después, en el hospital San Bernardo. Le habían diagnosticado traumatismos encéfalo craneano grave, postoperatorio, de craneotomía y traumatismo cerrado de tórax grave. Tenía 31 años y había realizado el cambio de identidad sexual.

La historia de Charly Guerrero no es muy diferente. El 13 de mayo de 2017 el joven trans de 21 años fue asesinado en Ceferino, barrio de la capital salteña. Había salido a comprar y lo mataron de un cuchillazo en la espalda. Su pareja se enteró del asesinato por un posteo de Facebook y sufrió la discriminación en carne propia cuando fue a reclamar justicia. Son casos que muestran el extremo de una violencia que se vive a diario. Pero días después de que el diputado provincial Andrés Suriani dijera que la homofobia y el feminismo “son un invento”, son casos que vuelven a ponerse en primer plano.

Y es que, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, Salta se ubica entre las cinco provincias con más crímenes de este tipo, al que define así: como un acto voluntario consiente, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita, a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas, siendo en este caso nuestro objeto de relevamiento y observación el colectivo de personas de la comunidad LGBT.

El porcentaje más alto (36,35%) es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le sigue en segundo lugar con el 33,32% Buenos Aires y, luego Santiago del Estero, con el 5,5%, y Tucumán con el 4,4%. En quinto lugar está Salta.

“Dentro de la comunidad LGBT, es particularmente la población de personas trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal los crímenes de odio: tanto por la cantidad de ataques -en muchos casos legitimados por el mismo Estado a través de la violencia institucional de sus fuerzas represivas y del Poder Judicial-, así como también por los modos tortuosos de hostigar, perseguir, violentar y hasta de dar fin a sus existencias”, señala el informe. 

De todos los crímenes de odio registrados, el 13% corresponde a asesinatos y el 87% a violencia física que no terminó en muerte; es decir que en el año 2017 murieron por discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o su 58% 30% 9% 3% IDENTIDADES DE LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ODIO Mujeres Trans Gays Lesbianas Varones trans 16 expresión, 13 personas de la comunidad LGBT: once (11) mujeres trans, un (1) varón trans y un (1) varón gay cis.

En relación a los crímenes de odio de 2016, la cantidad de asesinatos se mantuvo igual, pero la violencia física que no terminó en muerte pasó de 18 casos registrados a 90, es decir que aumentaron el 500% en 2017.

Otro dato preocupante del informe: el 21% de los casos de las muertes fue por lo que el observatorio define como violencia institucional. El observatorio la define así: es toda violencia realizada por los/las funcionarios/as, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución del Estado, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que los/as habitantes tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en nuestra legislación.

El informe también especifica que las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra la comunidad de mujeres trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento sus la identidades autopercibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales. 

María Pía Ceballos, actualmente en la Oficina de Violencia Contra la Mujer en Salta, señaló que este tipo de violencia es común. 

“La policía noche tras noche usa el artículo 114 del código contravencional (arresto de hasta 15 días para quienes ofrezcan actos sexuales a cambio de dinero en la vía pública) para violentar los cuerpos de las compañeras, al punto de golpearlas. Aunque no solo se limita a quienes están en situación de prostitución, sino que hay denuncias de que salen a hacer un mandado y los patrulleros hostigan por el solo hecho de ser trans”, dijo Ceballos a Página/12.

Más que un invento, o una sensación, como expresó el legislador, la homofobia, la discriminación por una preferencia sexual, es algo que miles de salteños padecen a diario.

Fuente: La Gaceta