La iniciativa resulta tan insólita como polémica. En la última sesión del pasado jueves los concejales de Cafayate aprobaron, casi por unanimidad, una ordenanza que dispone el cobro de un impuesto a los visitantes que quieran llegar hasta esa localidad del Valle Calchaquí. "Eco-tasa" la denominaron. Con el voto positivo de seis de los siete ediles, la normativa quedó aprobada.

La medida dispone, entre otras cosas, que el cobro de la "eco-tasa" se efectuará a través de un control ubicado en la ruta nacional 68, a la altura de La Punilla, donde se exigirá el pago de 12 unidades tributarias (50 pesos) por cada persona y otras 12 UT por cada vehículo. Si los vehículos tienen capacidad para más de 10 pasajeros, el cobro será de 24 UT. En caso de más de 20 pasajeros, se aplicará el cobro de 48 UT.

Si bien se establece que la tasa está dirigida a las empresas de turismo que lucren con los visitantes y que no tengan domicilio fiscal en Cafayate, un artículo apartado indica también que el impuesto se cobrará a los vehículos particulares y a cada uno de los pasajeros mientras dure la pandemia.

En sus consideraciones, el tributo se fundamenta en la capacidad de los municipios de fijar tasas, pero en la ordenanza no se indica quien será el órgano de control y fiscalización de los ingresos ni tampoco quien cobrará ese impuesto.

El pretendido cobro de la “eco-tasa” que impulsan los concejales cafayateños se efectuará sobre la ruta nacional 68, y allí radica un problema de orden jurisdiccional federal.
 

El concejal que presentó el proyecto es Facundo Guzman, del Frente para la Victoria. Quien lo impulsó en el recinto es Cristian Avellaneda. Curiosamente ambos ediles tienen negocios de gastronomía frente a la plaza del pueblo.

Sin entrar en consideraciones políticas y analizando la perspectiva de la ordenanza y su marco legislativo, se pueden observar varias fallas que escapan a la facultad constitucional de los municipios para fijar sus propias tasas impositivas.

Mamarracho legislativo

Una ordenanza de este tipo y su impacto en la industria turística de la provincia va más allá de los límites de la comuna e incursiona peligrosamente en las políticas de Estado que se vienen aplicando desde hace décadas en la promoción de Salta y sus lugares.

El costado legal de la ordenanza también presenta un tinte inconstitucional, ya que el pretendido cobro se efectuará sobre la ruta nacional 68 y allí radica un problema de orden jurisdiccional federal.

Además, una ordenanza de esta naturaleza, que livianamente se impone sobre las leyes de fomento a la actividad y sin establecer siquiera el marco de control, fiscalización y destino de los fondos recaudados es, por decirlo sin eufemismos, un "mamarracho legislativo".

Una ordenanza de este tipo desalienta a la industria turística de la provincia e incursiona peligrosamente en las políticas de Estado para la promoción de Salta y sus lugares.

Otra de las audaces y negligentes consideraciones dispone que "los turistas deberían estar sometidos a una contribución al gasto público municipal que ellos mismos generan durante su visita". Es bueno que los concejales cafayateños puedan ver en retrospectiva que hasta aquí los visitantes no generan gasto alguno. Todo lo contrario; los turistas, sean locales, nacionales o extranjeros, pagan por cada uno de los servicios que se brindan en la localidad, tanto por distracción, alojamiento y comida, con lo cual la cadena de valor toma relevancia y dispara beneficios no solo para el municipio sino también para todos los vecinos que viven de esta actividad.

"Que el propósito del tributo consiste en la financiación de acciones por parte del municipio para preservar el medio ambiente" señala otro fundamento, aunque la "eco-tasa" dista mucho de cualquier beneficio ambiental que la comuna esté brindando a los visitantes en la actualidad. Para el caso, solo basta observar que en ninguno de los lugares donde paran los visitantes en la Quebrada hay servicios de turismo como para justificar la normativa. Solo existen algunos tachos de basura que suelen desbordar sin mayor contención.

Reunión

La ordenanza ya fue aprobada y salvo que medie una derogación por parte del intendente Fernando Almeda la medida entrará en rigor. Tras conocerse los miopes alcances de la ordenanza, la Cámara de Turismo de Cafayate presentó fuertes objeciones y cuestionamientos, al igual que los guías de turismo. Para hoy está prevista una reunión entre estos actores y el jefe comunal.

Mientras tanto habrá que explicarles a los concejales de "la tierra del sol y del vino" que la intención puede aparecer justificada en la necesidad de una mayor recaudación ante la caída de la economía y el gasto para el cuidado de la salud ante la situación de pandemia, pero resulta clave que en los momentos de crisis los representantes del pueblo actúen con coherencia y evalúen el impacto de sus proyectos. Esa es la mínima responsabilidad que los asiste.